En materia de transparencia y acceso:
- Seguir considerando las necesidades de perfiles específicos, como la inclusión con lectura fácil, lectura en voz, así como el uso de las lenguas oficiales de la CAPV.
- En caso de canales de comunicación continuo con la ciudadanía, como acceso a información, divulgar impactos de las peticiones para mejorar la actividad de los órganos afectados (en el sentido de que la transparencia sirva no solo de forma unidireccional, de las instituciones hacia la ciudadanía, pero también para redefinir las primeras).
- Promover la transparencia activa de actividades, planes, convenios, contratos, acuerdos y evaluación de las mismas en la web de cada entidad y departamento de gobierno, de modo a convertir el acceso a información en una práctica más transversal, intersectorial, e interseccional (considerando la igualdad de género y la transición ecológica). Esto puede complementar portales existentes, como Gardena o Irekia. A parte de esos entes coordinadores, los propios actores pueden seguir criterios homogéneos de divulgación de transparencia y acceso a información, complementando y alimentado la labor de esos nodos, a la vez que se comunican de forma más directa con la ciudadanía.
- Desarrollar más campañas de información y prácticas de forma más estrecha con la ciudadanía, integrando ‘focus groups’ y representantes de entidades de la sociedad civil como las citadas en el campo C4.
- En lo que se refiere a la actividad de protección de datos personales, se debe seguir con la publicación de memorias anuales, doctrina jurídica, informes de legalidad (con casos concretos donde se ha pleiteado el tratamiento adecuado de datos personales), manuales y guías. Incorporar más estadísticas y métricas que realicen un balance de la labor de la agencia de forma agregada y directa (como ficheros inscritos, incidencias de seguridad reportadas, número de peticiones para responder a la violación de derechos, actividades de formación realizadas, impacto o tamaño de las audiencias a parte de la divulgación de materiales en línea, entre otras).
- En lo que respecta a la ciberseguridad, seguir facilitando estadísticas de incidencias y riesgos a la ciberseguridad y la información periódica a través de ‘newsletters’. Incluir casos prácticos resueltos y subir a la web manuales de ciberseguridad, complementar las estadísticas con perfiles de usuarios (sexo, rango de edad, territorio), y según el tamaño de población que utilizan herramientas digitales en la CAPV (incidencias/capita). Seguir divulgando jornadas, charlas, talleres de formación y otros eventos con la ciudadanía, así como el objetivo y alcance de estas, más allá de las audiencias inmediatas (público) y actas o resúmenes de las mismas. También sería esencial campañas de ciberseguridad más allás del mundo empresarial, integrando ‘focus groups’ y representantes de entidades de la sociedad civil como las citadas en el campo C4.
En materia de participación ciudadana:
A nivel de desarrollo e implementación de tecnologías digitales:
- Las herramientas tecnológicas deberían co-diseñarse con la ciudadanía desde el desarrollo inicial de las mismas, teniendo en cuenta la pluralidad de perspectivas de personas usuarias. No hay un perfil único de personas usuarias, deben analizarse las diversas perspectivas de accesibilidad, cognitiva, idiomática, de sexo, generacional, de privacidad, se seguridad de información, de datos personales; diversificando las opciones de interacción y la capacidad de las personas para gestionar sus propios datos, su portabilidad, y suas formas de uso; dentro de una mirada insterseccional (reduciendo las desigualdades sociales, y considerando la igualdad de género y la transición ecológica).
- Seguir promoviendo campañas de divulgación, y luchar por una regulación de los grupos de intereses diversos, incluso en el ámbito tecnológico-digital. En estas regulaciones, podría acogerse el derecho a ser informados de forma anticipada y a proponer canales para intervenir en cada caso y a ser convocados para participar incluso en el desarrollo y aplicación de tecnologías digitales.
- Utilizar lenguaje inclusivo y sencillo en el desarrollo de software y hardware, y promover la implicación de líderes políticos y técnicos en el desarrollo de nuevas tecnologías, fomentando el uso de software libre, la accesibilidad de documentación de sesiones con diferentes ‘stakeholders’, abrir canales de escucha y contribuir a la participación activa en fases cruciales del desarrollo e implementación de las tecnologías. Ajustar los canales de participación para que puedan ser implementados más de una vez y se corrijan según experiencias anteriores, ajustar dicha práctica a expectativas realistas pero ambiciosas, y no utilizarlas como marketing de los procesos de gestión o por el simple diálogo con la ciudadanía.
A nivel de gobierno abierto y gobernanza (público-privada):
- Promover nuevas formas de participación basada en la experimentación, ya que la ciudadanía no se rige por un rol único o por la estandarización de sus preferencias. Aquí las instituciones necesitan acompañar y saber leer el momento, las demandas, y oportunidades de forma compartida. Para ello, se puede probar con la participación por sorteo, la incorporación de principios de democracia deliberativa representativa (delegados o representantes internos que se reporten al resto del grupo de origen), crear procesos participativos con intermediarios facilitadores, promover el desarrollo de habilidades para la negociación y gestión de conflictos; sin olvidar la mirada interseccional (reduciendo las desigualdades sociales, y considerando la igualdad de género y la transición ecológica).
- Nuevamente se incide en no utilizar los procesos de participación como aparatos de marketing para dar una mayor visibilidad a las propias instituciones o para simplemente “escuchar” a la ciudadanía. Para ello, es necesario un enfoque de participación proactivo y planificado, donde haya un interés compartido, pero también la aceptación de críticas externas hacia las instituciones y otras organizaciones.
- En el caso de Irekia, una de los principales límites es el bajo volumen de participación, y se trata más de un canal de escucha que de un foro participativo. Las Comisiones de participación en el seno de OGP pueden cubrir este déficit, pero sería interesante promover más iniciativas aparte de aquellas relacionadas a OGP rescatando aquellas ya existentes y promoviendo otras. En estas iniciativas, miembros de administraciones deberían sentarse en paridad de género con representantes de la ciudadanía siguiendo, cuando necesario, criterios de elección o al azar, en casos residuales o de baja participación y con el uso de facilitadores. Se podría aprovechar los consejos de barrio, y otros foros para tejer una red más amplia de participación. En todos los casos, sería crucial que los resultados y las decisiones tomadas fueran divulgadas a través de actas, repositorio de datos, o informes que retroalimenten y perfeccionen estas prácticas. La experimentación en la participación no tiene por qué ser reacia a la sistematización de sus prácticas junto a las instituciones, y estas no tienen necesariamente porque tener miedo a incluir la experimentación participativa sin caer en modas y en la simple consulta.
- En materia de referendos/votaciones, se podrían publicar en Irekia, y programas similares, proyectos de la administración relacionados a la administración electrónica y la digitalización donde la ciudadanía pudiera votar y participar. En relación a comisiones de participación ciudadana, se podría ampliar las comisiones relacionada con la administración electrónica y la digitalización donde diversos colectivos ciudadanos estuvieran representados. En materia de grupos de escucha, se podría realizar test de usuarios y grupos de escucha con ciudadanía cuando se digitalicen servicios o se pretendan mejorar, como comentado arriba.
- También se plantea que los canales de consulta y participación no esperen a una participación pasiva, o no dejen sus canales abiertos a la ciudadanía ‘a secas’ para ver qué sucede. No existe una entidad abstracta llamada ‘ciudadanía’, ésta está compuesta por diferentes colectivos, agrupaciones, movimientos sociales, foros, sindicatos, entre otros, que a la vez son actores que pueden ser directamente contactados para que participen de las experiencias participativas. En este punto, la iniciativa Open Eskola de OGP es un buen ejemplo porque ya se dirige directamente a distintas asociaciones de base para contrastar sus prácticas.
- En lo que respecta a OGP, cabe esperar los resultados y la evaluación del actual Plan a para verificar los avances y retos en esta materia, que, dada la labor de crear una comunidad activa y sostenible en el tiempo, requerirán más de un plan para que vean resultados perennes y satisfactorios. Se trata, a final, de crear “ambient accountability”, lo cual también requiere cambios de índole cultural y social que generalmente suponen ritmos más lentos que los cambios en la “polity” y en los procesos administrativos que intentan incidir en la participación ciudadana (Aldrich & Richterova, 2018; Grover et al., 2022). En ese sentido, Open Eskola, podría incluir en el futuro a más grupo promotores en los tres territorios (actualmente Bizkaia no participa de forma directa), así como entrelazar esta experiencia con otros foros ya existentes de participación, desde consejos de barrio, hasta asociaciones intermunicipales, asociaciones a nivel provincial, como también autonómico e incluso estatal. Se trata, así, de promover una red o liga de entidades de participación, en diferentes sectores y niveles de la administración para promover una sociedad civil más robusta.
- En el caso de Gobierno Abierto, seguir promoviendo la votación de iniciativas de carácter popular, el trabajo de las comisiones de digitalización en la CAPV, y los “focus group” antes de implementar determinadas herramientas o programas. Sin embargo, todavía hay margen para aumentar la transparencia de esas acciones más allá de la consulta y los “focus group”, de cara a fomentar la transversalidad de esas iniciativas (a través de varios canales de escucha y varias comisiones en vez de la centralización en nodos coordinadores). Seguir experimentando con la participación en diversas fases de las políticas y acciones de gobernanza, no sólo en la formulación o implementación, sino también en la codecisión y evaluación.
- La participación presenta limitaciones en términos de contingencia y muchas veces no se llegan a resultados esperados (por ejemplo, las iniciativas ciudadanas en Irekia tienen bajo número de votantes). Para crear una cultura de participación, debería haber más incentivos a la ciudadanía, más allá de la promesa de que su voz ‘será escuchada’ o de que ‘el gobierno te escucha’. Esta cultura necesita de seguir incentivando espacios institucionales, mecanismos y diseños informacionales, pero también un cambio cultural, ético, y un replanteamiento del paradigma de las propias políticas (del estilo “new public management” o gerencial a un estilo más plural y abierto). Es decir, mientras se piense la legitimidad social y la propia accountability como un proceso más de gestión, ésta siempre dejará de cumplir su total potencial de ampliar la participación y de redefinir culturalmente las propias políticas en la que es parte. Aquí, las dimensiones éticas, profesionales, pero también culturales, como apuntado por los actores en el análisis hecho hasta ahora, son fundamentales.
¿Y de cara a un futuro a largo plazo?
- La participación sigue siendo una especie de “santo grial” de la teoría y práctica democrática. Esto pone nuevamente de relieve que, dentro de la gobernanza, los roles crean acciones ya predeterminados y la responsabilidad entre los actores continúa siendo entendida como un elemento preponderante en la idea de rendición de cuentas. Es decir, ante los errores o malos resultados de determinada decisión, la rendición de cuentas tendría que recaer también sobre aquellos individuos que son responsables de la toma de decisiones. Claro está que, en el modelo de democracia representativa actual, la participación profunda y la codecisión con la ciudadanía o bien muchas veces se resume a una práctica periférica y de consulta, ya que los diseños institucionales y normativos de corrección y de responsabilidad están pensados en una lógica representativa y no participativa de las políticas, o bien estos mismos diseños o normas necesitarían ser reprogramados para que los espacios de participación también asuman más responsabilidades, roles e incluso puedan ser corregidos. Esto pone en evidencia la interdependencia entre los principios de accountability planteados en este estudio (responsabilidad, transparencia, responsividad, y participación) de cara a reducir las desigualdades sociales e implementar la igualdad de género y promover una transición ecológica. No se puede promover cambios culturales y estructurales sin pensar y practicar la interrelación y promoción conjunta de esos principios. Dicha reprogramación o cambio puede ayudar incluso a canalizar actuales problemas que existen a consecuencia de la polarización y desafección o malestar general hacia la política, y de bloqueos partidarios y de gestión, lo que, a su vez, contribuyen a la desconfianza y a un contexto que no favorece la participación, ni el diálogo entre las instituciones y la ciudadanía. Por un lado, si parte de esos efectos negativos expresaría que la participación, para tener una calidad sustantiva más elevada, necesita de una esfera pública informada propositiva con actores sociales “racionales” y “bien intencionados”, también resalta los límites de la democracia deliberativa y representativa, y de la propia democracia participativa si no se redefinen los diseños institucionales y las normas de la ‘polity’ de forma estructural a medio o largo plazo.
- Esas reformas pasan por una visión más compleja de la democracia, con mecanismos y redes más capilares (profundas) y extensivas (tamaño) de participación combinada con la representación. También pasan por una cultura en que las críticas y choques sean asumibles como elementos que constituyen incluso uno de los motores de la propia democracia. En casos de conflictos agudos, pasan por rescatar medidas representativas ante bloqueos prolongados, de definir la escala de participación y en ser claro y transparente en las reglas del juego de la gobernanza, así como en el ajuste de expectativas. Las variables tamaño, formas de llegar a una decisión, pluralidad, y audiencias necesitan ser recalibradas a todo momento, y no tienen porqué ser las mismas en cada experiencia participativa. De ahí que este camino requiera un esfuerzo continuo que no se resume a la programación de políticas ni a modelos fijos o acabados.
- La participación es, a parte de un ejercicio cultural, una estrategia en la gobernanza. En este sentido, podrían crearse beneficios o retornos a los entes participantes para que se comprometan con la decisión más allá del acto de participar. En ese sentido, tal vez se puedan crear comisiones, donde se requiera la acción de miembros con una función limitada en el tiempo, pero con disponibilidad para comprometerse de forma más profunda en sus decisiones, pudiendo ser, incluso responsabilizados/as según las normativas y errores que necesiten ser contrarrestados. Se trataría, en otras palabras, de profesionalizar la participación, en términos económicos y políticos, así como ha ocurrido con la profesionalización de la representación política en las democracias en el último siglo.
A nivel de la ciudadanía:
- La participación exige un nivel de compromiso de ciudadanos/as para influir en los procesos administrativos y de gestión. Esta práctica sería afectada por cuestiones relativas a la agenda política, a la temporalidad/ritmo de las decisiones públicas, al desequilibrio de poderes entre los actores participantes, a mecanismos regulatorios que fomenten la participación, pero también a la predisposición de los propios actores y la forma como se ha entendido la participación, incluso en la TD. Aquí hay dos visiones tradicionales: una deliberativa y otra agonística. La visión deliberativa postula que la ciudadanía necesita crear una esfera pública informada, con intercambio de opiniones racionales, donde se argumenta pensando en la perspectiva de los demás para llegar a consensos amplios que favorezcan las decisiones. Se trata de ‘ciudadanos/as virtuosos/as’ participando en la gestión pública e incluso en la gestión privada (Véase la corriente de democracia empresarial a través de los ‘stakeholders’, donde la gobernanza corporativa no se dirige solo a los accionistas y ejecutivos, pero también a otros actores como proveedores, clientes, trabajadores, sindicatos, ciudadanía, entre otros (Arenas et al., 2020; Freeman, 2010; Manganelli & Nicita, 2022). La segunda visión, agonística, postula que la política esta permeada de diferentes conflictos entre actores, asimetrías de poder, pasiones en la formulación de argumentos, y exclusiones que tornan difícil, si no imposible, llegar a decisiones deliberativas racionales. Esta teoría es más precisa al describir que no existe una ciudadanía abstracta universal ya lista para la participación, sino, grupos organizados con mayor o menor capacidad de acción y de contrapeso hacia actores institucionales. Por lo tanto, se tratan de dos visiones opuestas.
- Considerando esas visiones, naturalmente no se tiene porqué caer en los extremos o en una postura dicotómica. Se puede llegar en un modelo templado con posibilidades radicales en el sentido de tratar las “raíces” del problema de participación. Es decir, del modelo deliberativo se puede considerar la importancia de tener una esfera pública informada, de la capacidad de tejer alianzas para llevar a cabo proyectos hacia las instituciones, y de la importancia de favorecer el consenso cuando sea posible. Del segundo modelo agonístico, es importante reconocer la capacidad de leer la realidad social, de interpretar el conflicto “necesario” como saludable a los procesos políticos, y de denunciar las exclusiones sociales que se puedan producir en nombre de un consenso o de la gestión. Esto permitiría entender que la política no tiene que siempre esconder sus errores; los fallos y acciones no acertadas podrían mostrarse sin miedo por los/las administradores/as siempre que la ciudadanía puede ejercer escrutinio y presión externa. En política, la calidad de las acciones administrativas nunca es lo suficientemente buena. Debe haber un margen para aceptar esos fallos y la ciudadanía también tiene que reconocer los límites y los errores de las personas gestoras.
- Sin embargo, el reto al templar una visión deliberativa y agonística sería calibrar hasta qué punto el conflicto es productivo o capaz de inducir cambios en la ‘polity’ o el cuerpo institucional. El reto consistiría, por lo tanto, en seguir incitando campañas de información y accesibilidad universal, de incitar la concientización sobre la participación, de promover valores como la responsabilidad y la transparencia, así como la ética cívica hacia lo público (en entidades públicas y privadas) y el diálogo como elementos esenciales para construir una sociedad civil más robusta. Por otro lado, el reto consistiría en aceptar pero no naturalizar el conflicto, estableciendo límites y reglas claras para este (para que no corroa por dentro la democracia), y en determinar la pluralidad de preferencias y acciones para incitar la ‘participación por la participación’ cuando sea necesario. Es decir, los consensos no tendrían por qué ser la única finalidad de los procesos de participación, ya que la escucha y el intercambio de posturas colindantes no necesariamente busca una síntesis. Claro está que este reto también consiste en cómo institucionalizar o diseñar canales de democracia agonística a corto y largo plazo. Estos canales, se repite, pasarían por la inclusión de voces contrarias, pero también de la codecisión mezclada con la representación como una válvula de escape en casos de bloqueos irresolubles. De ahí que este principio requiera un cambio no sólo administrativo, sino también cultural y político en organizaciones de diferentes tamaños y sectores más allá de la TD. Como hemos mencionado, esto requeriría una temporalidad a largo plazo, porque, recordemos, incluso la profesionalización y perfeccionamiento de la democracia representativa tardó dos siglos en procesarse en la historia contemporánea. Es decir, en una visión que va más allá de los procesos a corto plazo, también es necesario recuperar la idea de que el campo de la participación y de lo político no es un tema acabado y que aún quedaría mucho recorrido. Tal vez sólo estemos al inicio de nuevas formas de democracia que parecen distantes en el tiempo y bloqueadas por el actual contexto de polarización, desinformación, regresión de la participación, resurgimiento de ideales autoritarios, entre otros.
- Hay que recordar que la participación, a pesar de poder establecer una nueva senda a los procesos democráticos, no es la panacea por sí sola. No se puede jugar con las expectativas y voces de la ciudadanía en aras de la eficiencia y competitividad administrativa. La participación es una herramienta, pero también un principio importante dentro de la rendición de cuentas o accountability, y necesita ser conectada o complementada con los otros principios (responsabilidad, transparencia, y responsividad), sea de forma consecuencialista o de forma sustantiva, para maximizar su potencial como práctica que fomenta la legitimidad social y una mayor interseccionalidad (reduciendo las desigualdades sociales, y considerando la igualdad de género y la transición ecológica).