Actor analizado dentro del campo de la Gobierno Digital (C3).
Web: https://www.ogp.euskadi.eus
OGP (Open Government Partnership) o La Alianza para el Gobierno Abierto es una organización internacional de referencia cuyo fin es evaluar y desarrollar mecanismos para fomentar gobiernos “más abiertos, responsables y sensibles a la ciudadanía”. Los países se unen a OGP a través de la elaboración de un plan de acción, el cual es desarrollado en colaboración con la sociedad civil. Estos planes de acción traducen la voluntad política que los países demuestran al unirse a OGP en acciones concretas. Cada plan de acción contiene compromisos específicos para incrementar la transparencia, rendición de cuentas y participación del público en el gobierno.
Lo interesante de esta Alianza es que los compromisos se sujetan a un proceso de evaluación independiente. Por eso, es importante para OGP que los reformadores utilicen “prácticas innovadoras en sus políticas públicas y que aprovechen las nuevas tecnologías para transformar la cultura de gobierno y servir mejor a sus ciudadanos y ciudadanas” (ogp.euskadi.eus).
Como principios que impulsan la Alianza en Euskadi, estos se traducen en “cinco grandes desafíos”: 1. Mejora de los servicios públicos (con medidas que abordan todo el espectro de servicios ciudadanos fomentando la mejora del servicio público o la innovación del sector privado), 2. Aumento de la integridad pública (con medidas que abordan la corrupción y la ética pública, el acceso a la información, la reforma del financiamiento de campañas y la libertad de los medios y la sociedad civil), 3. Gestión más eficaz de los recursos públicos (con medidas que abordan los presupuestos, las adquisiciones, los recursos naturales y la ayuda exterior), 4. Creación de comunidades más seguras (Medidas que abordan la seguridad pública, el sector de la seguridad, la respuesta a desastres y crisis y las amenazas ambientales), y 5. Aumento de la responsabilidad corporativa (Medidas que abordan la responsabilidad corporativa en temas como el medioambiente, la lucha contra la corrupción, la protección del consumidor y la participación de la comunidad).
Por ello, OGP intenta dar un impulso a la gobernanza en Euskadi no solo en términos de servicios, pero también imprimiendo una mayor calidad ética y democrática de los propios procesos e instituciones de gobernanza, así como también del sector privado. Se trata, por lo tanto, de iniciativas que impulsan la legitimidad social, y, por lo tanto, pueden ser definidas como un bloque de acciones o mecanismos bajo el paraguas de accountability (tal como definido en este estudio, véase Parte 2), aunque la propia entidad considere que la propia accountability es un subproducto de sus acciones.
En la visión de este estudio, todos esos desafíos y acciones pueden ser encajados en la definición que discutimos de accountability porque ellos también incitan a que “deben desarrollarse mediante un proceso consultivo de múltiples partes interesadas en el que el gobierno involucre activamente a los ciudadanos y la sociedad civil.” Desarrollar compromisos sin la participación de los ciudadanos y la sociedad civil es contrario a la Declaración de Principios de OGP, y, obviamente, a la propia definición de accountability que planteamos.
En su actual Plan 2021-2024, OGP se plantea compromisos que deben implementarse con la colaboración de la sociedad civil y de forma coordinada entre los tres niveles interinstitucionales para dar respuesta a retos clave en gobierno abierto. Como agentes y participantes se encuentra el Grupo promotor (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria Gasteiz, Innobasque-Agencia Vasca de la Innovación), el Foro regular (Asociación de Concejos de Álava; Asociación Mestiza; Antxon Gallego; Consejo de la Mujer de Bilbao; Eneko Aguirre; Euskadiko Gazteriaren Kontseilua; Eusko Ikaskuntza; Sareen Sarea; Unicef Euskadi), y el Foro abierto (donde han de participar personas que representen la visión ciudadana, la visión experta y la visión institucional sobre la materia).
Los compromisos del Plan son: 1. Liderazgo (con la creación del Observatorio del COVID19 y adaptación de servicios a la ciudadanía), fomentado por el Gobierno Vasco Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento de Bilbao, Mestiza Elkartea, y Bilboko Emakumearen Kontseilua; 2. Transparencia (con herramienta de transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestaria), fomentado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Araba; 3. Participación (con la creación de OPEN ESKOLA para el desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía), fomentado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, Diputación Foral de Araba e Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación; 4. Acceso (para crear una herramienta para promover la recogida de propuestas y adhesiones para iniciativas legislativas/normativas/reglamentarias populares en Euskadi), promovido por el Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, y Arantzazulab; 5. Servicios (a través de ALTXOR: Servicio online y oficinas piloto semipresenciales de información, orientación e intermediación y apoyo a los proyectos vitales de las personas mayores), promovido por el Gobierno Vasco, Innobasque, Agencia Vasca de Innovación.
Se puede observar que los compromisos reflejan grandes cambios en la sociedad vasca en los últimos años, sobre todo relacionados con los efectos de la pandemia del COVID-19. Esto explica el compromiso 1, así como el compromiso 5, ya que, en la digitalización de los servicios, el colectivo de las personas mayores no solo ha sido más vulnerable a los efectos de la pandemia, pero también, por la brecha generacional, ha sido más afectada en el acceso y uso de las herramientas electrónicas que las administraciones ponen a disposición de la ciudadanía.
Nos interesa mucho el compromiso 3, ya que se trata de una experiencia novedosa y esencial en promover un ejercicio de pedagogía ciudadana para incitar la participación y empoderar a las personas en la demanda y uso de servicios. El Plan menciona que “OPEN ESKOLA propone herramientas, mecanismos y modelos que favorezcan y fomenten la formación y capacitación de la ciudadanía. El objetivo sería generar los conocimientos y habilidades necesarias para que la participación ciudadana se incorpore con plenas garantías en el nuevo modelo de gobernanza pública.” En este espacio, se deberán identificar los compromisos de trabajo que se deberán poner en marcha en los próximos años para conseguir una ciudadanía activa, algo que se ha visto también afectado por la pandemia del COVID 19. Para ello OPEN ESKOLA propone: – Capacitar y preparar a las ciudadanas y ciudadanos y a las entidades para poder tomar parte en procesos participativos de manera eficaz; – Mejorar y asegurar los resultados a obtener en los procesos participativos; – Ofrecer herramientas digitales accesibles para la ciudadanía para que puedan superar las desigualdades digitales (brecha digital, alfabetización digital); – Adecuarnos a las realidades emergentes que han surgido como consecuencia de la pandemia del COVID 19 en materia de participación, en materia de género; – Dotar a la ciudadanía de todos aquellos recursos formativos, técnicos y materiales necesarios para permitir que la participación ciudadana se incorpore como un elemento más en la cogestión de la Gobernanza Pública; – Aportar el espacio donde concienciar y formar a la ciudadanía en materia de ética pública; – Conseguir una comunidad activa, abierta y dispuesta a participar y asumir la corresponsabilidad exigida en el modelo de Gobernanza Colaborativa. Se trata, por lo tanto, de objetivos ambiciosos y esenciales para promover una mejor calidad en la gobernanza, sobre todo para tornar más efectiva la accountability y por ende la legitimidad social, tal como discutido en la parte 2 del estudio.
En este compromiso se han puesto en marcha distintos hitos para progresar en ese camino. Según las actas divulgadas en la web, actualmente se están presentando las sistematizaciones de los distintos objetivos definidos en el proyecto (cómo identificar los problemas acarreados por la brecha digital y cómo superarlos a través de las necesarias herramientas digitales; cómo ofrecer respuestas a las nuevas problemáticas emergentes en materia de participación generados en la era de la pandemia, sea por las dificultades en materia de género; sesiones presenciales – online, y cómo conseguir una ciudadanía concienciada en materia de ética pública) (ogp.euskadi.eus).
Cabe esperar los resultados y la evaluación del Plan a finales de 2024 para verificar los avances y retos en esta materia, que, sin duda, dada la labor de crear una comunidad activa y sostenible en el tiempo, requerirán más de un plan para que vean resultados perennes y satisfactorios. Se trata, a final, de crear “accountability ambiental” como definido en la Parte 2, lo cual requiere cambios de índole cultural y social que generalmente suponen cambios más lentos que los cambios en la “polity” y en los procesos administrativos que intentan incidir en el aumento de la participación ciudadana. Una crítica que se hace a ese compromiso específico es que tenga como grupos promotores a Administraciones en dos territorios, dejando a Bizkaia al margen del grupo ejecutor y de esta experiencia innovadora. Sería conveniente que, en futuros planes, todos los territorios de la CAPV estén integrados en la formulación e implementación de este compromiso participativo.