Como hemos visto hasta ahora, el aumento del nivel de participación ciudadana y su calidad (en pluralidad de voces, amplitud, codecisión y capacidad de redefinir las políticas) dependería también del perfil de cada entidad, no es lo mismo un centro vinculado a un departamento de Gobierno que un colectivo social con menos miembros y que trabaja a menor escala. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el perfil de cada organización y la escalabilidad o transposición de mejores prácticas, a pesar de las diferencias y tamaños de los actores. Pero, para ello, es importante identificar los perfiles de esos actores, a parte de las dimensiones de TD y los niveles de participación anteriormente comentados. Así, según las respuestas al cuestionario anterior y los aportes teórico/metodológicos del estudio (ver Parte 2.3), se han identificado los siguientes perfiles de digitalización:

• A) PERFIL TECNOLÓGICO: Centrado en proveer herramientas o soluciones tecnológicas. Muchas veces está pautado en la competitividad y la eficiencia de las propias tecnologías.
• B) PERFIL DE SERVICIOS: Mezcla la provisión de herramientas tecnológicas con determinados servicios para atender demandas sociales. Muchas veces está pautado en la eficiencia de las tecnologías, pero también en las personas usuarias a nivel consultivo (nivel II). Suele combinar competitividad y eficiencia con determinados valores sociales (como seguridad de información, acceso a información, datos abiertos, etc).
• C) PERFIL DE PERSONAS: Centrado en formar a la ciudadanía como un agente activo a nivel co-decisorio (nivel III) para redefinir las tecnologías digitales. Se basa en valores como la horizontalidad, el bien común, y sobre todo la codecisión participativa de forma continua. Se promueve un diálogo constante y la incorporación de la ciudadanía en el cuadro organizacional, en vez de la simple consulta en la provisión de tecnologías y servicios.

Con base en esos perfiles, y de cara a mejorar las prácticas de participación en la TD, así como para identificar formas de trasponer buenas prácticas entre los actores, se preguntó:

¿Cuál es perfil de digitalización donde mejor se encaja su organización?
Si su organización se encaja más en el PERFIL A o B, responda ¿Cómo sería posible integrar el PERFIL C en su organización? Explique de forma concreta.
Si su organización se encaja más en el PERFIL A o B, ordene de MENOS a MÁS importante, aquellas medidas que aumentarían la participación ciudadana.

1. Grupos de escucha
2. Referendos o votaciones
3. Comités de diálogo intersectorial
4. Comisiones de participación ciudadana
5. Otra (cite):
Mi respuesta (ejemplo: 1,3,5,2,4): ________________________

Cuáles de esas medidas podrían ser integradas por su organización. Cite ejemplos concretos de cómo pueden ser puestas en práctica.

Si su organización se encaja más en el PERFIL C, ¿Cuáles son las mejores prácticas que caracterizan una mayor participación ciudadana en su organización?

Si su organización se encaja más en el PERFIL C, ¿Cómo cree que se pueden trasponer esas buenas prácticas y ampliar su escala en organizaciones del perfil A o B?

Si su organización se encaja más en el PERFIL C, ¿Cómo cree que se puede mejorar la participación ciudadana de nivel III en organizaciones con perfiles A o B?

Se decide no puntuar estas preguntas, ya que estamos hablando de propuestas o ideas futuras para mejorar la participación ciudadana, además, las preguntas son de carácter más normativo que fáctico. Sin embargo, a seguir, se valoran las respuestas de cada actor para complementar las otras dimensiones evaluadas hasta ahora en la TD.

Para el campo C1 (Ciberseguridad), un centro de ciberseguridad respondió que se encaja más en el Perfil B de servicios. Acerca de cómo se puede mejorar un enfoque o perfil C de personas, se respondió que a través de un “Enfoque proactivo y planificada a colectivos específicos. Actualmente se dirigen a empresas (la ciberseguridad), pero podrían ampliarse a otras instituciones y también a la ciudadanía” (A.11). Esto se explica porque el Centro está enmarcado en la acción de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (Grupo SPRI). Si el Centro tuviera conexiones institucionales más estrechas con entidades de gobierno abierto (campo C3), tal vez pudiera tener el enfoque ampliado hacia la ciudadanía y otras instituciones, tal como se comenta en la cita. Se escoge, en este orden, las prácticas que pueden mejorar la participación ciudadana en esta entidad: Referendos o votaciones, Grupos de escucha, Comités de diálogo intersectorial, y Comisiones de participación ciudadana. Aunque se reitera que “Trabajan solo con comités de diálogo intersectorial. Y con empresas, con la Asociación Cybasque, y los convenios firmados por SPRI”. Por lo tanto, esas prácticas tendrían espacio limitado en el Centro. Se resalta que en Centro no tiene como misión fomentar la participación ciudadana, ni tampoco hay un caso práctico mencionado. “Nuestra organización no tiene como misión ni competencia fomentar la participación ciudadana. No puedo citar ningún caso práctico” (A.11). Es cierto que este actor no tiene prerrogativas en materia de participación ciudadana, pero esto no quiere decir que esta práctica deba ser excluida en la elaboración de futuros planes, en la ampliación de sus competencias, o en la reformulación de sus herramienta y roles, ya que se trabaja, aunque de forma indirecta, con la promoción de la cultura de ciberseguridad, así como del reporte de incidencias y riesgos con atención continua hacia la ciudadanía. En esa labor pedagógica o comunicativa, las propias campañas de divulgación de ciberseguridad pueden ser codecididas con agentes de la ciudadanía, en vez de ser implementadas de arriba abajo, o solamente a través de canales de consulta.

En el campo C2 (Protección de datos), no hubo respuestas en esta sección, como se indicó anteriormente.

En el campo C3 (Gobierno Digital), se respondió que una dirección de gobierno abierto se encaja más en el Perfil B de servicios. En lo que respecta a cómo se puede mejorar un enfoque o perfil C de personas, se respondió que a través de estas acciones: Grupos de escucha, Comisiones de participación ciudadana, Referendos o votaciones, y Comités de diálogo intersectorial. Para ello, se mencionó que “Tenemos incorporado un apartado de escucha activa, en el que incentivamos al resto de departamentos que respondan a la escucha recibida”. Además, sobre la medida de participación ciudadana, “lideramos OGP Euskadi junto con otras administraciones en las que trabajamos en la participación ciudadana. En prácticamente todos los apartados de Irekia, la ciudadanía cuenta con la opción de votar a favor o en contra de lo escrito” (A.31). Este actor valora, por lo tanto, la comunicación directa o la escucha de la ciudadanía. No obstante, esta práctica estaría más relacionada con el nivel 2 de participación, con la escucha, y no tanto con el nivel III, de codecisión. En la iniciativa con OGP, como comentado en la Parte 3, se sabe que hay laboratorios de participación ciudadana, pero esta por saberse si la evaluación de dichas experiencias que se efectuarán a finales de 2024 arrojará luz sobre cómo se puede promover un nivel III junto a los programas ya existentes de gobierno abierto. Al final, como visto en este estudio, una de los principales límites de Irekia es el bajo volumen de participación, y se trata más de un canal de escucha que de un foro participativo. Las Comisiones de participación, pueden cubrir este déficit, pero seria interesante crear más iniciativas a parte de aquellas relacionadas a OGP a nivel autonómico, o que por lo menos que se incite a que las comisiones, compuestas muchas veces con miembros de la administración, busquen sentarse en paridad de género con representantes de la ciudadanía siguiendo criterios de elección o al azar, en casos residuales o de baja participación. En el caso de que estas iniciativas ya ocurran, sería interesante que los resultados y las decisiones tomadas fueran divulgadas a través de actas, repositorio de datos, o informes que retroalimenten estas prácticas. La experimentación en la participación no tiene porque ser reacia a la sistematización de sus prácticas junto a las instituciones, y estas no tienen necesariamente porqué tener miedo a incluir la experimentación participativa sin caer en modas y en la simple consulta o escucha.

En el campo C3, una entidad de TICs para la administración de Bizkaia respondió que se encaja más en el Perfil B de servicios. En lo que respecta a cómo se puede mejorar un enfoque o perfil C de personas, se respondió que “No hay que poner más peso en los hombros de la ciudadanía. Sí en temas de servicios, pero a nivel técnico y de desarrollo, mejor contar con expertos. […] El nivel co-decisorio para redefinir las tecnologías digitales no lo veo como una función/alternativa que se deba de poner sobre los hombros de la ciudadanía. Sí en cambio, las necesidades de servicios que necesiten cubrir, pero no el cómo, es decir, considero que la ciudadanía debería de participar activamente en el alcance, pero el enfoque debería de venir de sectores expertos” (A.32). Se manifiesta también, en el caso de que se tengan que mejorar el perfil de personas, las siguientes acciones: Grupos de escucha, Comités de diálogo intersectorial, Comisiones de participación ciudadana, y Referendos o votaciones. No obstante, se resalta que, en la entidad en cuestión, se pone todo eso en práctica, menos los referendos/votaciones. Para la persona consultada, no debería ponerse en manos de la ciudadanía votar cuestiones para redefinir las tecnologías: “[…] A excepción de referendos o votaciones, el resto ya se encuentran puestas en práctica. Volviendo al mensaje anterior, considero que los referendos o votaciones en materia de ‘redefinir las tecnologías digitales’ no se debería dejar en hombros de la ciudadanía, sí en cambio las necesidades de servicios en los que pueda o no aplicar la tecnología” (A.32). Aquí se destaca de nuevo que la participación no debe constituir una panacea o remedio a todos los procesos de gestión. Sin embargo, esta sería capaz de complementar aquellas decisiones más técnicas o tomadas por expertos, sobre todo en la elaboración de tecnologías. Sin embargo, como mencionado anteriormente, aunque esto tenga sentido en la práctica cotidiana de la entidad, debe ser tomado con cautela para evitar generalizaciones. Se vuelve a cuestionar hasta qué punto se definen decisiones expertas y técnicas de aquellas de carácter ciudadano y participativo. Lo ideal sería conjugar grupo con ambas caras de la moneda, en vez de repartir tareas de forma secuencial (donde uno decide y el otro es apenas consultado). Claro está que esto no puede ser realizado en todos los procesos de gestión, pero debería realizarse por lo menos una vez en uno de los ciclos de políticas o fase de los planes/acciones, sobre todo en sectores más técnicos y tecnológicos. Sobre el hecho de que la ciudadanía no debería co-decidir tecnologías, esto se entiende en procesos donde las tecnologías ya vienen hechas, o son adquiridas para que se implementen en diferentes contextos junto a la ciudadanía. Sin embargo, hay determinadas prácticas donde la codecisión para elaborar las propias tecnologías puede ser una realidad, como comentado en uno delo actores del campo C4, concretamente Fab Lab Bilbao, que trabaja justamente en esta práctica a nivel local. La entidad en cuestión apenas menciona el potencial de estos encuentros entre expertos y ciudadanos/as en proceso de consulta de servicios, ya que también menciona que “en los casos de usabilidad en herramientas que proveemos para uso de la ciudadanía, se han realizado mesas redondas con usuario de distinto niveles de conocimiento y edades para buscar mejoras y potenciar de esa manera el uso de las mismas” (A.32).

En el campo C3, una entidad de datos abiertos en Euskadi respondió que se encaja más en el Perfil B de servicios. En lo que respecta a cómo se puede mejorar un enfoque o perfil C de personas, se respondió la siguiente secuencia de acciones: Grupos de escucha, Comisiones de participación ciudadana, Comités de diálogo intersectorial, Referendos o votaciones. Para justificar esas acciones se mencionó que: “En materia de referendos/votaciones, se podrían publicar en Irekia proyectos de la administración relacionados a la administración electrónica y la digitalización donde la ciudadanía pudiera votar y participar. En relación a comisiones de participación ciudadana, se podría crear un comisión relacionada con la administración electrónica y la digitalización donde diversos colectivos ciudadanos estuvieran representados, en materia de grupos de escucha, se podría realizar test de usuarios y grupos de escucha con ciudadanía cuando se digitalicen servicios o se pretendan mejorar” (A.33). También se plantea el siguiente caso “en un plan de apertura de datos públicos, hay que priorizar los datos más útiles y demandados por la ciudadanía y se requiere de su participación. ¿Cómo se podría articular dicha participación?” (A.33).

En este actor se mencionan iniciativas interesantes que ya son puestas en práctica dentro del campo C3 en su totalidad. Al final, la consulta de la ciudadanía se complementa con la votación de iniciativas de carácter popular, con comisiones de digitalización en la CAPV, y con los “focus group” que se consideran antes de implementar determinadas herramientas o programas. Sin embargo, se incide en que se puede aumentar la transparencia de esas acciones, como la Comisión, la codecisión más allá de la consulta y los “focus group”, la transversalidad de esas iniciativas (varios canales de escucha y varias comisiones en vez de la centralización en nodos coordinadores), y seguir experimentando con la participación en diversas fases de las políticas y acciones de gobernanza (no solo en la formulación o implementación, aunque OGP sea una excepción aquí), ya que estas pueden ayudar a crear un caldo de cultivo o una “ambient accountability” como mencionado en la discusión teórica. Es decir, la participación presenta limitaciones en términos de contingencia y muchas veces no se llegan a resultados esperados (por ejemplo, las iniciativas ciudadanas en Irekia tienen bajo número de votantes). Para crear una cultura de participación, debería haber más incentivos a la ciudadanía, más allá de la promesa de que su voz ‘será escuchada’ o de que ‘el gobierno te escucha’. Esta cultura necesita de seguir incentivando espacios institucionales, mecanismos y diseños informacionales, pero también un cambio cultural, ético, y un replanteamiento del paradigma de las propias políticas (del estilo “new public management” a un estilo más plural y abierto). Es decir, mientras se piense la legitimidad social y la propia accountability como un proceso más de gestión, ésta siempre dejará de cumplir su potencial de ampliar la participación y de redefinir culturalmente las propias políticas de que es parte. Aquí, las dimensiones éticas, profesional, pero también cultural, como apuntado por los actores en el análisis hecho hasta ahora, son fundamentales.

En el campo C3, una entidad de datos abiertos en Bizkaia respondió que se encaja más en el perfil C de personas. Sobre cómo ese perfil puede ser transpuesto en los perfiles A y B (de tecnologías y servicios), se respondió que, a través de foros deliberativos, y con el trabajo con colectivos y asociaciones, aunque no se menciona cómo ni cuáles: “[Sería necesario] Realizar procesos participativos sobre herramientas digitales dirigidas a la ciudadanía antes de implementarlas” (A.34), donde subyace una participación consultiva. Se menciona que también ser podría mejorar la codecisión en otras “Contando con personal técnico en materia de participación que colabore con el personal técnico que desarrolla las herramientas” (A.34), lo que pone de manifiesto que las dos caras de la moneda, el perfil más tecnológico y el perfil más social, pueden trabajar de forma conjunta para mejorar la calidad de la TD. También es importante la formación y el perfil técnico incluso en materia de participación, ya que esta no es una actividad social espontánea y requeriría profesionales, mediadores, capacitadores, dinamizadores, profesionales en trabajo social, en análisis de políticas, psicólogos, entre otros. La misma entidad menciona que tuvo problemas al digitalizar complemente un servicio al ignorar los canales de sociabilidad tradicionales. [Cuando] un servicio offline y online se convierte solo en online, [hubo] quejas de usuarias por no tener medios ni conocimiento para accederlos” (A.34), lo que pone en evidencia pensar a priori los impactos y la ciudadanía como constructores de las tecnológicas, no solamente como receptores de tecnologías o servicios.

En el campo C3, un órgano de transformación digital y emprendimiento respondió que se encaja más en el perfil B de servicios. Respecto a cómo se pueden incitar más prácticas del perfil C, surgen controversias. Se menciona el caso práctico en el cual “nosotros [la organización en cuestión] siempre contrastamos nuestros planes con colectivos ciudadanos, existen foros donde participan entidades de la sociedad civil, con diferentes roles participativo, pero en algunos casos surgen bloqueos. Esto sucedió por ejemplo en el ámbito de las energías renovables, [que] ha estado bloqueado por la ciudadanía, seguramente por una falta de información. En muchos casos, no hay sosiego a la hora de explicar las cosas, del punto de vista político o gubernamental siempre se invoca que hay intereses superiores” (A.35). Por otra parte, “la codecisión de la ciudadanía en decisiones de gobierno no me parece acertado del todo, [esta] no es consciente de las limitaciones de un gobierno como en materia presupuestos, […] entiendo que la decisión es una acción consensuada, es una consulta vinculante, pero la decisión [final] tiene que ser de quien se responsabiliza de los instrumentos, de quien rinde cuentas de los instrumentos, si la ciudadanía codecide pero no rinde cuentas de esas decisiones, tampoco me parece correcto” (A.35). Sobre el orden de las medidas que aumentarían el nivel de participación ciudadana, se cree que todas son igualmente importantes, “estamos continuamente escuchando a las organizaciones sobre los problemas y quejas que tienen, otra historia es convertirlas en acciones de gobierno, que al final requiere sus procesos ya que atendemos al bien común, no a intereses individuales, [además] el principio por el que nos regimos es la representatividad, no la participación directa […] se podría pensar que podríamos estar todo el día votando? esto exige un compromiso constante [y como dicho], cuando se habla de ciudadanía y gobierno, en las políticas públicas, estos no asumen la misma responsabilidad y el mismo compromiso, no creo que el codecidir sea el camino correcto” (A.35).

Esto pone nuevamente de relieve que, dentro de la gobernanza, los roles crean acciones ya predeterminados y la responsabilidad continúa siendo entendida como un elemento preponderante en la idea de rendición de cuentas. Es decir, ante los errores o malos resultados de determinada decisión, la rendición de cuentas tendría que recaer también sobre aquellos individuos que son responsables de la toma de decisiones. Claro está que, en el modelo de democracia representativa, la codecisión con la ciudadanía o bien se resume a una práctica periférica y de consulta, ya que los diseños institucionales y normativos de corrección y de responsabilidad están pensados en una lógica representativa y no participativa de las políticas, o bien estos mismos diseños o normas necesitan ser reprogramados para que los espacios de participación también asuman más responsabilidades, roles e incluso puedan ser corregidos. Esto pone en evidencia la interdependencia entre los principios de accountability planteados en este estudio (responsabilidad, transparencia, responsividad, y participación). No se puede promover cambios culturales y estructurales sin pensar y practicar su interrelación y su promoción conjunta. Tal vez, dicha reprogramación o cambio, pueda ayudar a canalizar actuales problemas que existen incluso a consecuencia de polarización, y de bloqueos políticos y de gestión, lo que, a su vez, crea una desconfianza y un contexto que no favorece la participación, ni el diálogo entre las instituciones y la ciudadanía. Por un lado, si parte de esos efectos negativos expresaría que la participación, para tener una calidad sustantiva más elevada, necesita de una esfera pública informada, propositiva, y de actores sociales digamos “racionales” y “bien intencionados”, también resalta los límites de la democracia deliberativa y representativa, y de la propia democracia participativa si no se redefinen los diseños institucionales y las normas de la polityde forma estructural a medio o largo plazo.

Parte de esos males es la desafección generalizada por parte considerable de la ciudadanía hacia lo público y la política. Por ejemplo, a esto se sumaría un problema de participación por parte de la ciudadanía, “en las elecciones hay un 40 por ciento de abstención, tenemos un problema de participación. […] En Irekia, no es mi sector, pero hay poca participación, y sobre todo hay quejas […] en vez de prejuzgar que no hay suficientes instrumentos de participación, también hay que analizar la eficacia y eficiencia de los instrumentos ya existentes y ver por qué la gente no participa” (A.35). Por ejemplo, “en nuestros planes tenemos una parte de consulta pública, la respuesta de la ciudadanía es bastante escasa, ¿cómo se puede mejorar eso? no es una crítica, pero la participación requiere de muchísimo tiempo, si se quiere hacer de forma equitativa y equilibrada. Eso en el mundo de hoy que todo va tan rápido, introduce otra dificultad en la toma de decisiones. Esto no quiere decir que hay que inhibir la participación, pero traer una dificultad adicional en la gobernanza, no puedes hacer un plan integral basado en la participación ciudadana que alcance todos los colectivos o territorios en menos de dos meses” (A.35). Aquí se incide en el problema ya comentado de la operacionalización de la participación, ya que, exigiría no solo el compromiso de ciudadanos/as, pero también sería afectado por cuestiones relativas a la agenda política, a la la temporalidad/ritmo de las decisiones públicas y participativas, al desequilibrio en el grado de responsabilidad, a tener en cuenta mecanismos regulatorios que fomenten la participación pero que también tengan en cuenta los mecanismos que afecten la gestión de lo público y de los recursos públicos. Es decir, en el encuentro entre la ciudadanía y las instituciones, los procesos de participación exigirían un mayor compromiso, un mayor tiempo, más negociaciones, y una escala de amplitud que muchas veces son irreales. No obstante, estos mismos procesos se pueden adaptar según el contexto, el nivel administrativo, las decisiones y temas que se abordan para formular una decisión o para contrastar las acciones de otro sector o gobierno. Es decir, la participación no debería ser entendida como una panacea, ya que ésta incluso implica en gestionar expectativas y voces de la propia ciudadanía. Más bien, la participación es una herramienta, pero también un principio importante dentro de la rendición de cuentas o accountability, y necesita ser conectada o complementada con los otros principios (ver Parte 1), sea de forma consecuencialista o de forma sustantiva, para evitar su desnaturalización como práctica que fomenta la legitimidad social.

Considerando otro actor del campo C3, un órgano de acceso a información en Euskadi respondió que se encaja más en los Perfiles B y C. Para mejorar más el perfil C de personas se mencionó que “[l]as herramientas tecnológicas de participación deben codiseñarse con la ciudadanía desde la perspectiva de usuarios. No hay un perfil único de usuario ciudadano, deben analizarse las diversas perspectivas de usuarios y usos y diversificar las opciones de interacción” (A.36). Para eso, se optó por la siguiente secuencia de acciones: Tener en cuenta grupos de interés diversos, Comisiones de participación ciudadana Comités de diálogo intersectorial, Grupos de escucha, y Referendos o votaciones. Para aumentar más la participación, se expresó mejorar la “regulación de los grupos de intereses diversos (su derecho a ser informados de forma anticipada y a proponer canales para intervenir en cada caso y a ser convocados para tal fin)” A.36). Esto requeriría, como comentado, de una mayor transversalidad en las acciones de acceso a información y gobierno abierto, además de una mejor interoperabilidad o comunicación entre las diferentes entidades dentro y fuera de la TD, como defensorías del pueblo, agencias de regulación, comisiones de transparencia, y claro, comisiones y laboratorios de participación ciudadana en los tres territorios de la CAPV. Para mejorar o trasponer las prácticas del perfil C de personas en los perfiles A y B (de tecnologías y servicios, respectivamente), se rescatan prácticas ya mencionadas de la alianza OGP, tales como Open ILab, Open Eskola, y propuestas normativas populares. En esa línea, sería necesario “trabajar conjuntamente con la población “como hace OGP” (A.36). Pero también se hace referencia a un componente cultural muy importante, la expectativa de los cargos públicos y de la ciudadanía en el momento de la participación. Se cuestiona “cómo medir en un cargo público su imaginario en cuanto al uso de la tecnología en la escucha e interacción con la ciudadanía, y en función de esa evaluación, proponerle medidas que incentiven su cambio comportamental -como más escucha, más respuesta a la ciudadanía, ser empática con ella- y tomar decisiones que cambien lo instaurado y lo que no funcione, [es decir, contemplando una] actitud que transforme con visión ciudadana” (A.36). Esta cita rescata la idea que se mencionó sobre las dimensiones de la TD; en la cual también se hizo hincapié en que los aspectos culturales, así como los aspectos de los profesionales, son importantes para redefinir los procesos y acciones dentro y fuera de las organizaciones. En este caso, una TD más ciudadana y humanista también requeriría el ingrediente básico de incorporar una ética pública, arraigada en la escucha, en la integridad, y en la flexibilidad y experimentación junto a la ciudadanía.

En el campo C4 (Sociedad Civil), una entidad de servicios sociales no se manifestó. En este mismo campo, un laboratorio de tecnologías ciudadanas tampoco respondió a esta ronda del cuestionario, pero autorizó, a través de una nota, a que se expresara, tal como en sus bases oficiales, su compromiso con la TD desde una visión más cercana a la ciudadanía y de empoderamiento de las personas usuarias a través de la codecisión y cocreación de tecnologías a nivel local. Sin embargo, queda la duda de cómo esos principios y prácticas podrían ser transpuestos a entidades de perfiles más tecnológicos (A) y de servicios (B).

En el campo C4, una persona representante del sector académico de la universidad de Deusto y experta en evaluación externa mencionó que entidades de este corte se encajan más en el Perfil B de servicios. En lo que respecta a cómo se puede mejorar un enfoque o perfil C de personas, escogió la siguiente secuencia de prácticas: Grupos de escucha, Referendos o votaciones, Comisiones de participación ciudadana, y Comités de diálogo intersectorial. Se alude, por lo tanto, a una preferencia por acciones consultiva y menos horizontales o codecisorias. Esto se justifica porque se puede trabajar con la creación de órganos colegiados, en políticas internas en cada organización, pero sólo hasta cierto punto. “Como he comentado antes, me parece que la participación se podría estructurar mejor a través de herramientas digitales y de algunos procesos de consulta y cocreación interna, sobre todo ligados a la definición de políticas en unidades dentro de la organización” (A.43). Sin embargo, esto se aplicaría en políticas dentro de cada sector (no en toda la universidad), ya que cuando se intentó ampliar este enfoque hubo baja participación. “Los grupos de escucha y los referendos pueden ser integrados, aunque creo que inicialmente deberían probarse en unidades de trabajo sectoriales y no aplicarlas al conjunto de la universidad. En nuestra facultad hicimos algo de esto para la determinación de prioridades para el plan estratégico de la universidad. Sin embargo, la participación fue baja” (A.43). Esto coincide con anteriores citas sobre los límites intrínsecos a la participación en determinados momentos, pero no quiere decir que esta pueda ser promovida por facilitadores, o que sea transversal y secuencial. Es decir, aunque no se realicen procesos participativos en determinado momento y en determinado sector, las acciones de este sector pueden ser contrastadas por una comisión participativa en otra jerarquía organizacional o en otro departamento que se encargue de este tema. Pero cabe el riesgo de que se produzca una fragmentación de acciones o una compartimentación donde la participación se resuma a eventos puntuales de consulta, perdiendo efectividad y potencial de transformación cultural. De ahí, la importancia de experimentar con nuevos diseños organizativos, con bonificaciones de diferente naturaleza para los participantes más allá del acto de participar en sí, y de escoger cuidadosamente el momento, formato, las reglas, y las consecuencias (en materia de decisiones) para organizar procesos participativos.

En el campo C4, en un centro horizontal de prácticas colaborativas, a través de una persona experta, se respondió que esta entidad se encaja más en el perfil C de personas, aunque con reticencias. “Resulta difícil encajar a nuestra entidad en estas categorías. La que probablemente mejor se ajusta es la C, entendiendo que se trata de una organización-espacio formada por entidades de la sociedad civil que participan a su vez en otras organizaciones (REAS, Karraskan o en entidades de barrio como Sarean) y por su práctica y uso de las herramientas digitales transmiten modos de hacer y de participar con su mera presencia, así como con sus propuestas” (A.44). Sobre cómo el perfil C de personas puede ser transpuesto en los perfiles A y B (de tecnologías y servicios), se menciona que se esta “Debe participar de forma activa en los espacios y canales que la Administración a veces habilita para la participación, así como criticar públicamente los diferentes problemas que detecta, mientras interactúa con la Administración” (A.44). Asimismo, para transponer acciones de corte más social en entidades del perfil A o tecnológico, “se podría promover y ayudar a otras entidades al uso de herramientas digitales que promuevan la autonomía, ya sea por el uso de software libre o de hardware (servidor y servidor web). Por ejemplo, el desarrollo de análisis hemos hecho a partir de un software libre de medición del tiempo, podría compartirse y socializarse para que otras entidades pudieran usarlo” (A.44). Lo que se contrapone a uno de los actores del campo C3, en el sentido de que, desde la ciudadanía, sí sería posible co-construir y readaptar tecnologías, sobre todo con base en herramientas abiertas como el software libre.

Cerramos esta parte con un mini caso expresado por este mismo actor expresaría críticas a las inercias administrativas a nivel de la localidad de Bilbao para solicitar expedientes, programar las citas presenciales en un contexto de pandemia. Según este actor, se pide que la digitalización acabe con la morosidad y acelere la consulta de expedientes que solo se hacen de forma presencial, y agilizar la transparencia. En esta misma visión, también se necesitaría promover la participación en los consejos de barrios. Para este actor, los consejos de barrio tienen un carácter meramente consultivo y les falta acceso y más transparencia. Por ejemplo, “no se publican nuevas actas del [consejo de barrio del] distrito de Abando desde marzo de 2022 […], estos organismos municipales como son los consejos de distrito, que podrían ser un primer acercamiento a la participación ciudadana en las decisiones que les afectan directamente. Se podría retransmitir estos consejos de distrito, anunciar públicamente cuándo y dónde son, y animar a la participación, si de verdad se quisiera que se participara en estos organizamos que cuentan con una cierta participación vecinal” (A.44). Por lo tanto, según este testimonio, la digitalización no habría llegado con capilaridad a todas las actividades administrativas a nivel de esta localidad para acelerar las consultas de expedientes y facilitar el acceso de información ante la ciudadanía. Al mismo tiempo, aunque no se relacione inicialmente con la TD, la participación de barrios a nivel local podría complementar los laboratorios de participación que se han formulado en acciones de digitalización o gobierno abierto como OGP. Es decir, los primeros podrían ser reforzados y ya servirían como espacios constituidos para llevar a cabo más experimentación en materia de participación ciudadana, tanto para temáticas y problemas de nivel local, como también de temas transversales relacionados a la digitalización a nivel supra-local. Se trataría, en ese sentido, de reforzar las redes y nichos de participación (nuevos y ya existentes), entre diferentes niveles de las administraciones y sectores.

Tabla. Resumen Parte 4

	Dimensiones de la TD: 1.Político/ Legal 2.Servicios 3.Público 4. Ciudadanía crítica	Capacidad de aumentar los niveles de participación: I – Retórico, II – Consulta III – Codecisión	¿Cómo mejorar aún más las prácticas de participación ciudadana?
C.11 Ciberseguridad	1, 2, 3, 4	I, II: más concienciación y adoptar un enfoque proactivo, campañas dirigidas a diferentes colectivos, más recursos humanos. III: fomentar convenios con empresas, respaldar el apoyo técnico y las necesidades de los agentes	– Promover un enfoque proactivo y planificado a colectivos específicos. Actualmente se dirigen a empresas (la ciberseguridad), pero podrían ampliarse a otras instituciones y también a la ciudadanía
C.21 Protección de Datos	1, 2, 3	N/A	N/A
C.31 Gobierno Abierto	1, 2, 3, 4 (énfasis en 1 y 2)	I, II: pensar en el público en las diferentes fases de las políticas III: fomentar consejos consultivos en todos los departamentos de gobierno, desarrollar un órgano de referencia en participación ciudadana	– Ampliar comisiones de participación a parte de aquellas relacionadas a OGP a nivel autonómico, incitar a que las administraciones busquen sentarse en paridad de género con representantes de la ciudadanía, siguiendo criterios de elección o al azar, en casos residuales o de baja participación.
C.32 TICs	1, 2, 3	I y II: N/A III: mesas redondas con la ciudadanía, diálogos participativos de eventos y a través de herramientas participativas estilo WEthePEOPLE, CAU-s	– La co-decisión ciudadana no debería ponerse en práctica en materia de tecnologías, pero sí en materia de servicios
C.33 Datos Abiertos CAPV	1, 2, 3	I y II: campañas en medios digitales (redes sociales, etc.) y de comunicación. III: Incorporar grupos de trabajo con la ciudadanía, realizar test de usuarios cuando se digitalicen servicios.	– Publicar en Irekia para votación y consulta proyectos de la administración relacionados a la administración electrónica y la digitalización. – Crear una comisión relacionada con la administración electrónica y la digitalización donde diversos colectivos ciudadanos estuvieran representados. – Realizar más test de usuarios y grupos de escucha cuando se digitalicen servicios o se pretendan mejorar.
C.34 Datos Abiertos Bizkaia	1, 2, 3	I y II: trabajar con agentes locales y asociaciones. III: promover la amabilidad digital con personas mayores	– Contar con personal técnico en materia de participación que colabore con el personal técnico que desarrolla herramientas digitales.
C.35 Transformación Digital y Emprendimiento	1, 2, 3 (con énfasis en 1)	I y II: campañas de divulgación, en publicaciones y foros, promover una cultura de consultar a los ‘stakeholders’. III: hay reticencias. El contexto actual de polarización (amplificada a veces por la TD), hace difícil avanzar en todo lo relacionado a la codecisión.	– Hay reticencias en materia de codecisión, ya que los canales de responsabilización y rendición de cuentas recaen sobre las administraciones, no sobre la ciudadanía. – Seguir mejorando los canales de consulta, escucha y comisiones ya existentes en esta materia – Promover una cultura de participación (activación de la ciudadanía).
C.36 Acceso a Información	1, 2, 3	I y II: usar lenguaje sencillo, implicación de líderes políticos, accesibilidad de documentación y sesiones, abrir, escuchar y contribuir a la decisión, el ajuste de expectativas realista, la no utilización como marketing de los procesos de participación ciudadana. III: participación por sorteo, democracia deliberativa representativa, procesos participativos con intermediarios facilitadores, desarrollo de habilidades para la negociación, gestión de conflictos.	– Las herramientas tecnológicas de participación deberían codiseñarse con la ciudadanía desde la perspectiva de usuarios. No hay un perfil único de usuario ciudadano, deben analizarse las diversas perspectivas de usuarios y usos y diversificar las opciones de interacción. – Regulación de los grupos de intereses diversos (con derecho a ser informados de forma anticipada y a proponer canales para intervenir en cada caso y a ser convocados para tal fin).
C.41 Servicios sociales	2, 3	N/A	N/A
C.42 Laboratorio de Tecnologías	3, 4	I y II: colaboración con el tejido social local. III: promover la co-creación de tecnologías maker, las residencias con jóvenes y la formación profesional.	N/A
C.43 Consultoría Universidad	4	I y II: promover dinámicas específicas a estudiantes. III: participación de trabajadores en órganos colegiados para toma de decisiones en cuestiones no complejas	– Estructurar la participación a través de herramientas digitales y de algunos procesos de consulta y cocreación interna. – Tener cuidado en su uso, ya que su eficiencia aumentaría en unidades de trabajo sectoriales que en ambientes complejos en el conjunto de la organización. – Experimentar con nuevos diseños organizativos, con bonificaciones a los participantes más allá del acto de participar en sí, y escoger cuidadosamente el momento y formato de participación.
C.44 Entidad de prácticas colaborativas	4	I y II: usar múltiples herramientas de trabajo online, sobre todo documentos y gráficos compartidos y software libre. III: evaluar cómo se llevan a cabo junto con los/las participantes la implicación directa o semidirecta, ya que estas requieren de tiempo, energía, disposición, y acuerdos.	– La ciudadanía debería participar de forma activa en los espacios y canales que la Administración a veces habilita para la participación, así como criticar públicamente los diferentes problemas que detecta, mientras interactúa con la Administración. – Las administraciones deberían ayudar a otras entidades en el uso de herramientas digitales que promuevan la autonomía, ya sea por el uso de software libre o de hardware.