Para exponer los roles de cada actor en la TD en la CAPV, recurrimos, como mencionado en la metodología, a las categorías de análisis (por ejecución, por legislación, por integración, por presión desde lo común), mientras que para exponer las herramientas /estrategias, rescatamos lo también mencionado en la metodología (comunicativas, verticales, diagonales, y horizontales). Estos roles y herramientas se explican porque sirven como pistas para indagar cómo los actores pueden adoptar estrategias específicas para promover sus principios y para relacionarse con los demás. De esa forma, se esperarían resultados refinados para organismos gubernamentales, agencias reguladoras, grupos mixtos (público-privados), movimientos civiles, entre otros. Cada rol sería un indicador cualitativo de la capacidad de acción o poder constituyente de los actores. En Tilly (2010), los grados de profundización democrática están relacionados con el grado de integración de líneas divergentes en comunidades o redes. Los cambios en las redes se producen por la combinación de distintos roles entre actores, su capacidad de delimitar el universo de acciones comunicativas, y la habilidad para congregar recursos y experiencia. Para obtener los resultados, a parte del análisis documental efectuado en la anterior parte, también procedemos al análisis de las respuestas dadas en la metodología Delphi.

Campo de la Ciberseguridad (C1) #

En el campo 1, las herramientas mencionadas de cara a promover una mayor cultura de ciberseguridad son: campañas de ciberseguridad, mesa interinstitucional (diálogo), y charlas. Se trabajaría con “[Una] mesa de Coordinación Interinstitucional de Ciberseguridad” (A.11) para reforzar la confiabilidad y disponibilidad de los servicios públicos en Euskadi, así como de “charlas de sensibilización a empresas” (A.11) para ayudar a entender mejor los riesgos asociados a la digitalización de los negocios.

Sin embargo, también se reclaman más competencias para una política de ciberseguridad más transversal en los tres territorios. “[Nuestra organización], como instrumento público dentro de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco, circunscribe su impacto únicamente al ámbito empresarial y más concretamente al industrial, aunque coyunturalmente se nos pide apoyo para algún propósito complementario. Solo podremos fortalecer nuestro impacto social evolucionando para convertir nuestra organización en una iniciativa cuyas competencias le permitan actuar en ámbitos donde hoy no puede, es decir, transversalmente a las administraciones públicas y a la ciudadanía de los tres Territorios Históricos de Euskadi.” (A.11).

Para desplegar sus herramientas, se identifica juntar la tecnología con la ética como principal reto en la TD. En este camino, según la misma persona, hay colectivos que no deben ser ignorados, entre ellos “las personas sin conocimiento digital” ya que estas se convertirían en potenciales riesgos (incluso de forma involuntaria) ya que ciberseguridad necesita eslabones de protección y muchas veces usuarios que no adoptan medidas de seguridad son las más vulnerables. En otras palabras, “Las personas con falta de conocimientos relacionados con los riesgos de utilizar medios digitales [son un reto], porque desconocen el daño que pueden sufrir o el que pueden ocasionar a otras personas por un uso indebido de la tecnología” (A.11). Cuando preguntados sobre cuáles son las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones, Mejorar las políticas y acciones de gobernanza, Mejorar la regulación y leyes, y, por último, Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía; lo que significaría una elección de herramientas comunicativas, diagonales, verticales, y por último horizontales.

Esa visión de las personas como eslabones “frágiles en la cadena de seguridad”, como pasibles de recibir campañas de concientización y de conocimientos digitales puede ser interpretado como un camino hacia el empoderamiento epistémico, o hacia una pedagogía digital que es necesaria e importante para evitar riesgos a la seguridad. No obstante, también refleja la visión “top-down” de la TD. Esto se explicaría porque el propio actor estaría enmarcado en prerrogativas y marcos regulatorios que delimitan su acción desde la administración hacia la ciudadanía, por lo que estamos hablando de un rol de ejecución ya definido a priori (vinculado a la ejecución de políticas), pero también a un rol integrador. En este último rol, la propia persona experta manifestó la necesidad de trabajar junto a empresas para consolidar un tejido productivo seguro, alianzas para la innovación, y el interés de expandir la interseccionalidad en los tres territorios. La aglutinación de alianzas a diferentes niveles y entre lo público y lo privado, es, por lo tanto, primordial. Sin embargo, debido a esas prerrogativas, y por considerar a la ciudadanía como entes que reciben servicios y necesitan ser “educados” en la ciberseguridad, se puede hablar también de un rol comunicador, pero no se puede hablar de otros roles o herramientas. Prueba de ello, es que, este actor tiene un centro de vigilancia de incidencias, y trabaja con las mencionadas campañas de divulgación sobre ciberseguridad, frentes de una labor comunicativa sin duda esencial en la TD.

Campo de la Protección de Datos (C2) #

En el campo C2, las herramientas concretas de la entidad de protección de datos son: “La tramitación electrónica de los procedimientos internos, Facilitar a la ciudadanía la presentación de denuncias o consultas electrónicamente, Facilitar a los Responsables de Tratamientos la comunicación electrónica de las brechas de seguridad que, eventualmente, pudieran experimentar” (A.21). Se trataría de un rol, por lo tanto, de ejecución, de integración, pero también de legislación, ya que se intenta transponer e implementar la materia específica en protección de datos, iniciar litigios o procesos derivados del incumplimiento de dicha protección, incluso a través de medidas penales o de la redefinición de la jurisprudencia. En este aspecto, aunque no tenga una labor propositiva en el sentido de proponer legislación (no es una entidad legisladora), sí podría retroalimentar a los/las legisladores/as ya que la entidad analiza e implementa la protección de datos en casos que, eventualmente, pueden servir como paradigmas para reeditar las leyes a nivel autonómico. Prueba de ello es el repositorio de leyes presentes en su página web, así como actas de la actividad parlamentaria, como parte del control parlamentario y la estrecha labor que se conduce junto a esta entidad.

Sin embargo, a pesar de esos roles, en sus herramientas, “Nuestra entidad no ha abordado ninguna acción específica para promover la dimensión social de su transformación digital.” (A.21). Esto no quiere decir que no se trabajen dimensiones sociales, pero se puede traducir en que la dimensión social, sumada a la transformación digital no son competencias de dicha entidad, aunque esto se puede cuestionar ya que la protección de datos tiene un componente jurídico y social al conferir valor a las personas físicas, a la privacidad, y a los derechos de protección de datos como trasfondo de uno de los frentes más importantes dentro de la TD.

En esa dirección, se menciona incluso que se puede mejorar el acceso y la transparencia de la Agencia, a través de “la mejora de la web de la Agencia para promover y facilitar el acceso electrónico de la ciudadanía, […] la mejora de la sede electrónica para hacer más sencillo y comprensible el acceso a la tramitación electrónica de los procedimientos” (A.21). Además, el mayor reto social, sería “romper la brecha de cultura digital que supone la transformación digital para las generaciones no nativas digitales, [y] Acabar con la distancia impuesta por las Administraciones Públicas respecto de la ciudadanía con motivo de la pandemia COVID-19” (A.21). Respecto a temas transversales a la TD, como la igualdad de género y la transición ecológica, se reconoce que “La entidad no ha abordado ninguna acción específica para promover la igualdad de género en su transformación digital”, y “Como norma general, la Agencia ha tenido en cuenta factores de sostenibilidad medioambiental en todas sus actuaciones internas desde que se constituyó en 2004 (ahorro energético, ahorro de papel, reciclaje de sus residuos, …), pero no ha abordado ninguna acción específica de cara a la sostenibilidad en su transformación digital” (A.21). Nuevamente, esto no quiere decir que ambos temas no se consideren de forma separada o en los procesos internos de la agencia, pero aún no se ha considerado de forma conjunta con la TD, aunque la respuesta sobre transición ecológica da algunas pistas sobre ello. No obstante, sería importante entrelazar esos temas a través de acciones concretas en el futuro.

Cuando preguntado sobre cuáles son las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones, Mejorar la regulación y leyes, Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía, y Mejorar las políticas y acciones de gobernanza; lo que demostraría la importancia de las estrategias comunicativas o de diálogo, pero también de estrategias verticales (en la mejora de leyes), seguidas de estrategias horizontales (con la ciudadanía) y diagonales (de integración y gobernanza) en los roles anteriormente descritos.

Campo de Gobierno Digital (C3) #

En el campo C3, una persona experta en gobierno abierto menciona que los principales instrumentos son de cara al acceso a la información y en materia, naturalmente, de gobierno abierto, como trámites electrónicos y atención ciudadana. Lo que se despliega en la TD es “Atención combinada, presencial, telefónica y digital en la tramitación administrativa tanto en la recepción de la ciudadanía como en la respuesta de la administración” (A.31). Se trata, así, de un rol de ejecución, de regulación, pero sobre todo de integración, ya que, aunque se puedan promover normativas, el reto sería integrar e implementar el gobierno electrónico y la apertura de la administración a diferentes niveles.

Sin embargo, también existe un rol horizontal por el hecho de acercarse a la ciudadanía, ya que se menciona que los y las profesionales de la entidad se reúnen con colectivos para probar las TICS y para contrastar servicios. Aquí la visión de la accountability o rendición de cuentas a la ciudadanía se haría de forma más sustantiva (en los medios) que consecuencialista (enfocada en los fines, típico de los campos C1 y C2), es decir, se intentaría introducir la propia rendición de cuentas dentro de los procesos y herramientas desplegadas. Por ejemplo, “tras reunirnos con colectivos desfavorecidos y recabar sus inquietudes, introdujimos mejoras en nuestros aplicativos que facilitaran su uso […] mantenemos un contraste continuado de diferentes herramientas que trabajamos junto con la ciudadanía para que sea realmente accesible. […] Trabajamos los conceptos del gobierno abierto de manera presencial a través de reuniones abiertas, así como la respuesta telefónica, vía correo electrónico o mediante las herramientas digitales (en función de lo requerido por la ciudadanía en cada caso)” (A.31).

Al mismo tiempo, se identifican las nuevas brechas económicas y sociales como mayores retos en la TD. Para paliar dicho reto, se rescata nuevamente la importancia de incorporar a la ciudadanía en los procesos de gobierno abierto. Así, no se trata de acercarse a la ciudadanía, pero también de integrarla “No olvidándose de los diferentes colectivos a los que se dirige en cada ocasión. Utilizando un lenguaje claro siempre, y en los casos necesarios también lenguaje fácil. Pero, sobre todo, contrastando con la ciudadanía el objetivo de la acción y la herramienta, co-creando desde el inicio, pero sobre todo, contrastando el producto final antes de su lanzamiento para comprobar que es manejable por los usuarios. […] Tampoco debe olvidarse que la fórmula digital es una, pero que debemos mantener otras vías de acceso sencillas para aquellas personas a quienes les resulte dificultoso el acceso digital.” Sin embargo, no se mencionaron ejemplos concretos o acciones de cómo esa incorporación ciudadana viene siendo hecha, a parte de las descritas en los planes e informaciones oficiales discutidas en la sección 3.1.

En lo que respecta a la igualdad de género y la transición ecológica, se menciona “la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones y políticas planteadas, para en caso necesario realizar algunas acciones específicas diferenciadas, […] la incorporación de colectivos de diferente sexo y origen en los grupos de contraste para obtener mejores resultados” (A.31). No se mencionan acciones en el sentido ecologista, pero se menciona la preocupación por la incorporación de colectivos excluidos como “Las personas mayores, con alguna discapacidad y los colectivos en riesgo de no están excluidos, pero pueden contar con mayores problemas digitales. La razón principal radica en que al trabajar las herramientas digitales no se piensa en ellas y falta la adaptación de las mismas a sus necesidades (diferentes en cada caso)” (A.31). Tampoco se menciona la preferencia por las estrategias en la TD, pero se puede deducir, aunque sin saber en qué orden, que todas son importantes (comunicativas, verticales (de ejecución), diagonales (integradoras), y horizontales (de participación y conexión con la ciudadanía).

Aún en el campo C3, a nivel de una entidad que promueve las TICs en Bizkaia, como instrumentos de la TD, se mencionan el ajustarse a leyes, la peadagogía ciudadana, la interoperabilidad, la sensibilización, la plataforma Open Data Bizkaia, hackatones, udelekus, entre otros. [Fomentamos una] “Adecuación de los servicios de administración electrónica a la legislación vigente, actualizando tanto las herramientas de back-office como las de front-office. [Trabajamos en la] Sensibilización a la ciudadanía, funcionariado, empresas en materias relacionadas con administración electrónica, ciberseguridad, LOPD, interoperabilidad” (A.32).

Como acciones complementarias, se menciona: “Realizamos sesiones de sensibilización en todos los ámbitos de actuación de nuestro objeto social. Participamos en eventos, mesas redondas, congresos, etc. e incluso en ocasiones los organizamos. Además, hemos desarrollado una plataforma de gobierno abierto que permite a la administración cumplir con los requisitos legales de transparencia y colaboración y participación. Además, también hemos puesto a disposición de las entidades locales (EELL) del Territorio Histórico de Bizkaia (THB) una plataforma de open data donde se exponen los conjuntos de servicios relacionados con la entidad local. Una de las maneras de socializarlo es con la organización de «hackathones» tecnológicos en este ámbito. Por último, podemos destacar que en los periodos vacacionales organizamos «Udalekus» tecnológicos donde niños y niñas de entre 9 y 14 años aprenden y comparten experiencias alrededor de las TIC.” (A.32).

Dichas acciones y herramientas se traducen en un rol de ejecución, pero sobre todo de integración, ya que se tratan de acciones que muchas veces son encargadas desde la propia administración de Bizkaia pero que necesitan ser conectadas con las administraciones locales, con empresas, y con grupo técnicos y la contratación/prestación de servicios, así como en la apertura de datasets. No se mencionan herramientas o acciones desde lo común o desde abajo, ya que el rol integrador se ejecuta en un sentido “top-down”.

A su vez, en esta organización se fomentaría una cultura de ciberseguridad a través de sensibilización, jornadas, y eventos. “el fomento de la cultura de ciberseguridad constituye uno de los ejes centrales para alcanzar una sociedad más conocedora de las amenazas y desafíos a los que se enfrenta, atendiendo al derecho a disfrutar de un uso seguro y fiable del ciberespacio y a la obligación de contribuir a que así sea. En este sentido, desde nuestra organización nos planteamos la creación de una plataforma orientada a la ciudadanía con el objetivo de minimizar dicha brecha en ciberseguridad sensibilizando en ese ámbito a familias, menores, personas mayores, etc.” (A.32). Tales acciones demostrarían una herramienta comunicativa muy importante en la misión y visión de la TD para este actor.

Como reto, se identifica la velocidad de cambio de las TICs, lo que constituye un problema adicional para el rol integrador y las estrategias verticales (creación o promoción desde arriba) y diagonales (de interoperabilidad y de conexión técnica pero también organizativa con otras administraciones locales). En ese sentido, “La velocidad en la que la digitalización está instrumentalizando los servicios, requiere de una formación y sensibilización continua desde todos los agentes proveedores a toda la sociedad usuaria.” (A.32). En lo que respecta a igualdad de género y transición ecológica, se menciona apenas la incorporación de paridad de género en el lenguaje. “Todas las soluciones que ponemos a disposición de las EELL para dar servicio a la ciudadanía de Bizkaia usan lenguaje inclusivo en cuanto al género” (A.32). Sin embargo, ha de mencionarse que, a pesar de no haber sido mencionado por la persona representante, este actor tiene publicado el plan de igualdad de género más completo y ambicioso dentro de los que fueron analizados o consultados en el apartado de valores en la TD, con acciones que van más allá del uso de lenguaje inclusivo, como la representatividad de mujeres en todos los cargos, la igualdad salarial, el trabajo pedagógico junto a la sociedad, entre otras (ver sección 3.1). Cuando preguntados sobre cuáles son las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones, Mejorar las políticas y acciones de gobernanza, Mejorar la regulación y leyes, Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía. Esta respuesta nos da pistas de que la entidad valora en este orden, estrategias de comunicación, estrategias diagonales, estrategias verticales, y por último horizontales.

Aún en el campo C3, en el sector de datos abiertos, como herramientas o instrumentos en la TD se menciona “1. Digitalización de trámites y servicios ofrecidos por la administración pública. 2. Fomento de la participación ciudadana en la acción pública (Irekia). 3. Apertura de datos públicos (Open Data Euskadi)” (A.33). También se menciona que “Desde la Dirección de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco se lleva a cabo diversas actuaciones como los premios Elkarlan, promoción del derecho de acceso a la información pública, impulso de la plataforma de participación ciudadana (Irekia), participación en la Alianza por el Gobierno Abierto y los planes de acción junto con la ciudadanía, etc.” (A.33). Se trata por lo tanto de un rol de integración, sea a través de las distintas acciones señaladas, o través de las alianzas y colaboraciones que se establecen entre las entidades indicadas. Sin embargo, es difícil extraer conclusiones contundentes acerca de la eficiencia y el alcance de dichas acciones, sobre todo cuando se habla más de programas o iniciativas aglutinadoras (en el sentido de coordinación de los procesos administrativos, por ejemplo, Irekia coordina la consulta popular y el contacto activo con la ciudadanía) y menos de iniciativas intersectoriales (por ejemplo, ¿sería mejor que cada sector o departamento tuviera su propio “Irekia”, en vez de un nodo conjunto coordinador?). Son reflexiones que se retomarán en el análisis de la siguiente sección y en las conclusiones.

En materia de igualdad de género y transición ecológica, se hace hincapié en que la primera se implementa a través del lenguaje y estadísticas en formularios (que contienen el campo sexo), además, importante señalar, también se fomenta y se realizan todas las acciones con el uso de euskera. “Igual que se hace en otros ámbitos: Se tiene en cuenta la perspectiva de género, se fomenta del uso del euskera y obligatoriedad de dar servicio en ambas lenguas oficiales, … [se fomenta la] obligatoriedad de la accesibilidad web. [Y] Debería incorporarse la dimensión social en todos los trámites que se digitalicen para lograr que no existan colectivos excluidos difundiendo especialmente entre los colectivos más vulnerables en la transición digital información que facilite el uso de los servicios digitales.” (A.33). También se “Incorpora la perspectiva de género en la digitalización de servicios. Por ejemplo, se añade un campo para conocer el género de la persona usuaria del servicio para obtener información que permita solucionar desigualdades en la transición digital” (A.33). No se hace mención a la transición ecológica o medioambientales. Pero sí se menciona una preocupación por no dejar atrás a colectivos tradicionalmente excluidos en la TD, como las personas mayores.

Cuando preguntados sobre cuáles son las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Mejorar las políticas y acciones de gobernanza, Mejorar la regulación y leyes, Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía, y Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones. Esto daría pistas sobre la preferencia por herramientas diagonales, verticales, horizontales, y comunicativas, respectivamente. A su vez, esta preferencia confirmaría un carácter más técnico en esta entidad de datos abiertos.

Aún en el campo C3, los hallazgos son parecidos en otro sector de datos. Es decir, se identifican los mismos roles, con la diferencia que, aquí como herramientas o instrumentos en la TD se mencionan “portafirmas, analítica de datos, formación, focus groups, pilotos” (A.34). También se considera que la brecha digital intergeneracional es el mayor reto de la TD, que hay que tener en cuenta la igualdad de género desde el diseño de las aplicaciones y programas, aunque no se menciona cómo, y que los mayores grupos excluidos de en la TD son “Los que no se han organizado” (A.34), demostrando, tal vez, una visión meritocrática de la sociedad donde aquellos que mejor trabajan u organizan colectan frutos o incitando a que las personas se organicen para defender sus necesidades y participación, aunque la respuesta dada es muy corta y no profundiza. En lo que respecta a las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Mejorar la regulación y leyes, Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía, Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones, y Mejorar las políticas y acciones de gobernanza. Esto pone en evidencia que se priorizarían, respectivamente, herramientas verticales, horizontales, comunicativas, y diagonales. El hecho de que herramientas horizontales tenga alguna importancia se relativiza por el hecho de que la más preponderante son las herramientas verticales, relacionadas con acciones ejecutivas o normativas, evidenciando nuevamente una entidad que es más responsable de políticas top-down y de corte más técnico.

Dentro del campo C3, en el sector de acceso a la información, una persona experta menciona que las herramientas para esta práctica consisten en poner a disposición de la ciudadanía toda la información pública a través de portales informáticos y de facilitar la organización de información, validando cada petición de acceso. Así, se trataría de promover “toda la digitalización de la administración (procedimientos administrativos, archivo digital), plataformas web y de gobierno abierto (información pública, transparencia, participación ciudadana” (A.36). En concreto, se intentaría “facilitar y priorizar el canal electrónico para la gestión administrativa con ciudadanía y agentes externos, interoperar entre administraciones para compartir datos y eliminar cargas administrativas al interesado (incluidas administraciones de la unión europea para algunos procedimientos), promover el portal de transparencia -GARDENA, publicar activamente información pública, en tiempo real y formatos reutilizables (open data Euskadi), promover el portal de gobierno abierto-IREKIA de participación ciudadana, que realiza y recoge propuestas de actuación, y rinde cuentas del plan de gobierno, promover el portal de contratación pública, el portal LEGEGUNEA de la normativa vasca, y la web euskadi.eus de presencia en internet de toda la actividad del sector público vasco….” (A.36). Por lo tanto, esa descripción se encajaría mejor en el de integración, ya que se tratan de iniciativas emanadas desde la administración vasca pero también de programas o portales que buscan integrar información entre todo el cuerpo de gobernanza administrativo en la CAPV, así como acercarse a la ciudadanía de forma activa. Además, al comunicarse con peticiones directas de acceso a la información se estaría promoviendo, de forma indirecta, un rol de presión desde lo común o desde abajo. Pero cabe resaltar que fornecer acceso a la información es diferente de desclasificar información. En el primero, la información se encuadra en las normativas que garantizan que las acciones de las administraciones sean visibles y sean mostradas a un “público” que puede ser activo en esta petición de transparencia. En la segunda, hablaríamos de normativas de desclasificación de información sensible o en materias que muchas veces no se encajan en las leyes de acceso a la información, como la seguridad, las investigaciones judiciales, y la política económica, así como otras áreas de acceso reservado cuya desclasificación requiere otros procedimientos y potestades que no incumben a la Comisión Vasca de Acceso a Información.

En esta misma entidad, se menciona que el mayor reto en la TD es que este “sea un canal realmente útil, accesible y usable para interactuar con la ciudadanía (ser entendido y escuchar para decidir corresponsablemente)” (A.36). En lo que respecta a la igualdad de género y la transición ecológica, no se menciona acciones concretas en la primera materia. En la segunda, hay un intento de “Utilizar cada vez más el canal electrónico para evitar desplazamientos presenciales innecesarios en la tramitación administrativa, en las reuniones entre profesionales y con agentes externos Teletrabajo, aunque de forma todavía residual” (A.36). Se teme también la exclusión de ciertos colectivos, como personas de mayor edad, mujeres con mayor dedicación a la familia y poco tiempo de ocio o libre, inmigrantes con dificultades idiomáticas y de inserción. Esto es importante ya que se mencionan colectivos que hasta ahora no habían surgido en otras respuestas, a parte de las personas mayores. Sin embargo, se cuestiona cómo estos colectivos hacen uso del acceso a la información o del resto de plataformas e iniciativas de gobierno abierto citadas por la persona experta. La respuesta dada es que se intentan acoplar a los grupos de participación o de escucha, pero su participación no aparece de forma desagregada en los programas, ni existen evaluaciones o estadísticas a respecto disponibles, o si existen, este estudio las desconoce. No hubo respuesta sobre la preferencia de estrategias comunicativas, verticales, diagonales, y horizontales. Aunque, en lo que respecta al análisis realizado en el apartado anterior sobre esta entidad, se puede mencionar que, por sus prerrogativas y principios, se impulsan todas ellas en cierta medida, con preponderancia de la herramienta comunicativa, ya que el acceso a la información es, sobre todo, una forma de saber o conocer a través de datos que se hacen visibles a la ciudadanía.

Campo de la Sociedad Civil (C4) #

En el campo C4 de la sociedad civil, las herramientas y roles son diferentes. En el caso de una cooperativa de cuidados, estas consisten en “la formación de profesionales de cuidados, reforzar las competencias laborales, realizar talleres de divulgación, concientizar y enseñar sobre el uso del móvil, dar píldoras de formación” (A.41). Aquí también se verifica un rol de integración, en vez de un rol de presión desde lo común. Al final, se trata de una cooperativa de servicios privados, y es de esperar que busque conexiones con profesionales, administraciones y personas usuarias de los servicios. En ese sentido, se menciona que “dialoga con Lanbide, el Gobierno Vasco, e IKANOS” (A.41). Ikanos es una iniciativa del Gobierno Vasco promovida en 2015 para dar a conocer las competencias digitales, conseguir que sean consideradas y facilitar su avance y acreditación a toda la sociedad. Este programa traza un proceso de mejora con “una hoja de ruta personalizada para dar pasos sobre objetivos apegados a la realidad y apoyados en herramientas prácticas, basado en el marco conceptual DigComp de la Comisión Europea” (A.41). En otras palabras, se fomentan buenas prácticas y habilidades en competencias digitales, como e-Skills, aprendizaje, licencias, y divulgación en distintas actividades profesionales, incluidas las del actor citado. En 2022, se mencionaron 999.900 € en ayudas destinadas a la implantación del sistema IKANOS para el aumento de la competitividad empresarial mediante el desarrollo y fortalecimiento de las Competencias Digitales Profesionales de las personas que componen las empresas de Euskadi. Según un informe del Gobierno Vasco, “las competencias digitales profesionales son una herramienta de gran utilidad en el avance de las organizaciones que componen el tejido empresarial del País Vasco, permitiendo aumentar su competitividad y fortalecer su posicionamiento en los mercados”. (https://www.spri.eus/es/ayudas/competencias-digitales-profesionales/).

Volviendo a este mismo actor, como principal reto de la TD, se identifica, curiosamente, “la dotación económica, [es necesario] dotar más profesionales, [y luchar contra la] brecha digital”, así como dialogar más con la industria y políticas sociales. Par la persona consultada, “Hay un claro sobrepeso del sector de industria en la Transición Digital, mientras se deja atrás el sector social. [es como que la] Participación ciudadana pilla lejos, pero debería escucharse a todos [sic]” (A.41). Así, los informes oficiales de dotación económica no necesariamente coinciden con la visión de determinados actores que tendrían que beneficiarse de los mismos. Esto no quiere decir que el programa citado sea ineficaz, pero, desde la visión de este actor, hay poca capilaridad e incidencia de esos mismos fondos y esfuerzos en el sector social, al cual pertenece la empresa, cuando comparado al peso de la industria y otras actividades económicas.

Al final, estaríamos hablando de una empresa especializada en servicios de atención personalizada a personas mayores, la cual tiene por sí, en el escenario actual, una pequeña representación o tajada dentro del reparto de esas políticas, por lo que la queja se necesita contextualizar, pero también tendría validez. Por estar dentro de esa actividad, para la entidad, la igualdad de género pasa por reconocer y valorar a sus profesionales; “casi todas las trabajadoras o los cursos inciden en mujeres, en profesionales de los cuidados” (A.41). Esto se respaldaría a través de las acciones con otras entidades colaboradoras como la red vasca Carerplus creada en 2013, así como en valorar los cursos de cuidadoras, revisando sus necesidades, asistiéndoles en sus tareas a domicilio, facilitando su organización y sobre todo su formación “a través de competencias mínimos, píldoras formativas, de reforzar las competencias laborales, eliminar papeleo, dar mejores condiciones de trabajo, participando en convocatorias europeas” (A.41), ya que se trata de un grupo de trabajadoras que tradicionalmente se ha mantenido a través de labores precarias. Esta visión matizaría la crítica realizada anteriormente a este actor por parte de entidades que critican la privatización de los cuidados en la sociedad, sin embargo, pone de relieve que este tema, aún sin consenso y debates, es uno de los ejes que vertebran la sociedad y pasa inadvertido muchas veces para las actividades más productivas, en las relaciones laborales, y, sobre todo, en las visiones sobre la Transición Digital (TD).

Esto contribuye a que, como mayor reto identificado, se mencione la brecha digital y de nuevo la cuestión de los cuidados, ya que “trabajamos [sobre todo] mujeres, [son el] 95% de la plantilla, [y tanto las trabajadoras como las personas mayores son muchas veces] personas alejadas a las tecnologías” (A.41). En lo que respecta al medioambiente, se mencionó en la sección anterior los programas de uso de materiales y reciclaje, la concientización en el uso de energía, y la colecta selectiva de mascarillas, aunque los nuevos datos de las preguntas no arrojaron luz sobre este tema en concreto.

Finalmente, en lo que respecta a herramientas de clasificación, se opta sobre todo por herramientas diagonales o de integración, comunicativas, verticales, y horizontales o desde el trabajo desde lo común, con preponderancia de la primera. Al final, se busca consolidar una actividad junto a otras políticas sociales, junto a la industria, pero, como comentado por la propia persona representante, “debería haber más un sector crítico, [de momento] la participación ciudadana pilla lejos, aunque es necesario escuchar, claro” (A.41).

En el campo C4, en el caso de un laboratorio de tecnologías ciudadanas, los principales instrumentos son “la fabricación y uso crítico de tecnologías, la Cultura Maker, hacker y open, las prácticas horizontales, y empoderar la ciudadanía” (A.42). Todo eso se traduce, en términos más prácticos, en “espacios de aprendizaje precoz, DIY, open code en hardware y software, pedagogía ciudadana, ética, y la maker faire”, con ello, “Proponemos espacios de aprendizaje en los que se puede tener acceso a las últimas vanguardias tecnológicas independientemente de barreras económicas, sociales o de género. Creamos y difundimos herramientas y metodologías hazlo-tu mismo que facilitan acceso a nuevos campos de conocimiento abierto en plataformas que usan hardware y software.” Hablaríamos, por lo tanto, de un rol de presión desde lo común o desde abajo como guía para un rol integrador, en el sentido de abarcar a la ciudadanía, las prácticas colaborativas, y los proyectos fomentados por el equipo gracias al respaldo institucional, pero también gracias a la gestión autónoma y a las redes con otros colectivos que siguen la misma filosofía tanto en el resto del Estado como a nivel internacional. Prueba de ello es que, “[Se intenta] Facilitar aún más acceso a distintas culturas digitales emergentes a través de la creación de comunidades presenciales y online que favorecen el efecto red positivo de la transición digital y empoderan a la ciudadanía para que sea consciente de las implicaciones éticas y sociales del uso de las tecnologías con perspectiva crítica.” (A.42).

Como principal reto de la TD, se menciona que es necesario “Facilitar aún más [el] acceso a nuevas formas de creación de tecnologías y al empoderamiento de la ciudadanía”. En materia de igualdad de género, se incluirían “objetivos y métricas de género e inclusividad en todos nuestros proyectos tecnológicos”, aunque no se explicita o mencionan cuáles. En materia de transición ecológica, se favorecerían iniciativas de economía circular a través con iniciativas como Vintage Bilbao u Open Your Ganbara (A.42). Se tendría que cuidar también de las personas mayores ya que, se identifican como principal colectivo vulnerable en la brecha digital.

Cuando se pregunta cuáles son las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía, Mejorar la regulación y leyes, Mejorar las políticas y acciones de gobernanza, Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones. Por lo que se reconoce la importancia de las herramientas horizontales para aglutinar a la ciudadanía en los proyectos de la entidad, para fomentar un uso abierto y crítico de las tecnologías, y para situarse como referente en prácticas “maker” y de la cultura del barrio donde se ubica la organización. Pero el orden también de las respuestas también demostraría una cierta preocupación por herramientas verticales y diagonales para facilitar el trabajo desde abajo en la sociedad civil, ya que estas también dependen de aquellas para mantenerse en el tiempo y para tener respaldo en la ejecución de sus iniciativas junto a la ciudadanía. En un ecosistema digital donde las entidades de la sociedad civil son tal vez las más frágiles en términos de capacidades y recursos, el apoyo de las instituciones a través de herramientas de ejecución y de integración es, por lo tanto, fundamental para actores del campo de la sociedad civil.

En el campo C4, en el caso de la academia y una entidad de evaluación independiente de políticas digitales, los principales instrumentos son los informes transparencia, ayudar en planes interinstitucionales de Gobierno Abierto (a través de diálogo), la información a la ciudadanía, e incentivar el debate público. Se menciona: “Hemos trabajado en temas de transparencia y gobierno abierto haciendo algunos informes sobre el diseño y puesta en marcha del 1º Plan Interinstitucional de Gobierno Abierto [y se ha fomentado] la formación a la ciudadanía, a través de la formación de jóvenes y formación continua a través del debate público [de la TD]” (A.43). Por ello, podríamos hablar de un rol de integración y de presión desde lo común con preponderancia del primero, ya que los otros roles, de ejecución y legislación, son ajenos a la labor académica y retórica que se hace junto al público. No obstante, en el mencionado Plan de gobierno abierto, la evaluación externa y la participación en programas como OGP pueden incidir en la formulación de nuevas normativas y ejecución de políticas, aunque de forma más indirecta si comparado a los otros roles.

Como principal reto en la TD, se identifica que las tecnologías, en su “mal” uso, favorecen el control social, y alejan la ciudadanía de las instituciones, lo que a su vez contribuiría con la erosión o la caída de los procesos en una visión democrática; “[Como reto, preocupa que la TD] sirva para potenciar el control social y para alejar todavía más a la ciudadanía de la toma de decisiones y el control de las instituciones” (A.43). Es la primera vez que se menciona el fenómeno de control social en su faceta de instrumentalización de la ciudadanía. Aunque no se desarrolle más este punto o no se apunten a actores concretos en dicho fenómeno, se sabe que una de las principales preocupaciones sociológicas de la digitalización es la propagación “irresponsable” de tecnologías, con el afán de mejorar los servicios y la administración, pero que ocultan una vigilancia de datos, una dependencia en relación a los procesadores de datos, y una aceleración de la gamificación, la comodificación de la privacidad, la inferencia técnica de procesos decisorios y políticas sin la agencia ciudadana, entre otros riesgos a la calidad democrática que son muy estudiados por la literatura a nivel internacional (Fukuyama et al., 2021; Kira et al., 2021; Zuboff, 2019). Esto explica que la labor de divulgación ante la ciudadanía sea tal vez uno de las principales tareas del medio académico, así como justifica un grado de “desconfianza saludable” en el contraste externo para formular e implementar planes de digitalización en nuestro entorno.

En lo que respecta a la igualdad de género, se menciona que existen planes pero que no incluyen la dimensión digital per se, aunque si se trabaja en la prevención de violencia de violencia de género a través de medios digitales. “Internamente tenemos un plan de igualdad, aunque no creo que aborda específicamente temas de transición digital. Respecto a nuestro trabajo, tenemos algún equipo de investigación que aborda cuestiones de violencia de género a través de medios digitales” (A.43).

Cuando preguntada sobre cuáles son las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía, Mejorar la regulación y leyes, y Mejorar las políticas y acciones de gobernanza. Esto comprobaría el rol desde lo común y las herramientas comunicativas, seguidas por herramientas horizontales o de integración con la ciudadanía, de herramientas verticales de legislación, y de herramientas diagonales de gobernanza o integración interinstitucional y entre diferentes actores en la TD. Es decir, se priorizaría la dimensión comunicativa o retórica como eje que guía otras acciones, sean de naturaleza política, administrativa, y de gobernanza.

En el campo C4, en el caso de una organización de prácticas colaborativas, los principales instrumentos en la TD “lo relativo al software y servicios de software como servicio, […] intentamos usar tecnologías basadas en software libre, porque apoyan la libre distribución y creación con tecnología. Por ejemplo: tenemos nuestro propio servidor para gestión de archivos, lo cual nos proporciona autonomía. El servidor web que usamos [también] está promovido por una asociación que aboga por el uso de herramientas de software libre gestionadas colectivamente. (https://hosting.montera34.org/) nos ofrece una serie de herramientas libres (Jitsi para videollamadas, certificados TLS, lista de correo). Por último, nuestro gestor de contabilización de horas de trabajo es Kimai, también software libre, que escogimos por sus funcionalidades y por estar desarrollado en abierto. Además, gracias a participar en él, hemos contribuido con la traducción al euskera” (A.44). En este colectivo, el software libre es más que una tecnología y se convierte en una práctica social que facilita la autogestión, la colaboración horizontal, y el uso más abierto de informaciones, procesos, y saberes que muchas veces se filtran por otro tipo de software y licencias en manos privadas. Aquí nos situamos en el centro de la dimensión tecnológico-social como alternativa al uso más convencional de tecnologías que muchas veces no son cuestionadas por la ciudadanía u otros actores en la TD como canales de empoderamiento, pero también de prácticas más plurales y consonantes con lo público (como ente activo). Se refleja, por lo tanto, un rol de presión desde lo común en el uso tecnológico y práctico de herramientas en la TD. Además, de un rol integrador, ya que esa presión también se complementaría por la divulgación y mayor uso de software libre y de aplicaciones abiertas. Aquí, hay que recordar que el software libre está detrás de los principales usos y aplicaciones en sistemas operativos en smartphones, y como códigos que respaldan grandes proyectos de digitalización a nivel mundial, como sugieren Baack (2015) y Landemore (2020) en sus estudios para reinventar la democracia del siglo XXI a través de una soberanía de datos basada en lo común. Pero aquí hay que reconocer que, en estas propuestas, hay diversos niveles de digitalización, incluyendo aquellas más cercanas al nivel local y a herramientas que son co-construidas junto a la ciudadanía con datos y ‘expertise’ de nuestro entorno.

Desde ese nivel más cercano, “Las propuestas dentro de la iniciativa ciudadana Bilbao Data Lab (BDL), […] están más directamente entroncadas con la Transición Digital. Van encaminadas a promover una comunidad de personas interesadas en la cultura de los datos, los datos abiertos, su visualización y análisis fomentando el uso de prácticas y herramientas abiertas. Desde BDL reclamamos a las administraciones públicas una mejor política de datos abiertos, que verdaderamente publique en abierto las series de datos que necesitamos” (A.44), lo que pone en evidencia que las administraciones no sólo deban publicar datos abiertos, pero que estos también deban ser contrastados en sus métodos y contenidos por entidades externas y propias de la ciudadanía, a ejemplo de BDL.

El mismo colectivo, a través de la persona experta, menciona que habría que evitar el riesgo de dejar atrás a clases bajas, a mayores, a personas con menos acceso y conocimiento digital. Para evitar eso, “En nuestras convocatorias abiertas al público para residencias, podríamos facilitar canales alternativos como quedadas en persona para facilitar a agentes sin conocimientos específicos a la hora de presentar proyectos en formato digital. Publicar en abierto más datos…. No somos un organismo público, no ‘tenemos’ que publicarlos, pero de hacerlo fomentaríamos la cultura de la transparencia y de compartir” (A.44).

En lo que respecta a la igualdad de género, se menciona que se promueven el diseño y arquitectura digitales con perspectiva feminista, y que también se trabajan en iniciativas como FEMTEK y R-ladies Bilbao, ya comentadas en la sección 3.1. En las palabras de la persona experta, “La dimensión de género está muy presente de forma explícita en varias vías de trabajo que desarrollamos. Por ejemplo, en el proyecto ‘Ekin, diseño con sorodidad’ que impulsa la creación de una comunidad de mujeres vinculadas al diseño y la arquitectura en el ámbito vasco-navarro, con el objetivo de tejer redes de apoyo y cuidado mutuo que transformen el sector de la arquitectura, el urbanismo y el diseño en más igualitario y feminista. Wikitoki también acoge otros proyectos que relacionan género y tecnologías como ‘FEM TEK, Prácticas contemporáneas, feminismos y tecnología’ para generar espacios críticos de debate y producción de saberes y ‘R-Ladies Bilbao’, una red enfocada a promover la diversidad de género en un entorno de programación en código abierto muy utilizado para el manejo de datos” (A.44). En la cuestión ecológica, se menciona que habría que considerar el impacto energético de las TIC, pero no se ahonda más en esta cuestión, tal vez porque sea una cuestión de mayor calado internacional o en grandes organizaciones. Por lo tanto, no se adecuaría de forma proporcional al volumen de procesamiento y uso de tecnologías por parte de esta organización local, aunque esto no impide que esta cuestión deba ser pensada y se puedan crear evaluaciones de impacto energético también a este nivel en el futuro.

También se señala que uno de los principales problemas en la TD han sido los certificados digitales como creadores de brechas digitales. “Los colectivos de gente mayor o con menos nivel sociocultural son los que tienen más dificultades a la hora de acceder y participar con las herramientas digitales. Los certificados digitales, valiosísimos a la hora de interactuar de manera directa y online con la Administración, suponen una barrera para muchas personas, que no cuentan con la capacidad técnica para instalarlos o usarlos (y puede que tampoco tengan el software y hardware necesario)” (A.44). Lo que pone de manifiesto que la exclusividad de la comunicación electrónica en la relación con la ciudadanía debe considerar barreras de índole interna y técnica (los propios certificados como filtros que deben ser repensados) y barreras sociales (que deban existir canales alternativos a estos certificados en la relación con la ciudadanía y no haya una exclusividad de filtros).

Cuando se pregunta cuáles son las mejores estrategias en la TD, la misma persona experta respondió, de más a menos importante: Mejorar la regulación y leyes, Mejorar el diálogo permanente entre distintos actores y organizaciones, Mejorar las políticas y acciones de gobernanza, y Promover la presión popular o iniciativas desde la ciudadanía. Esta respuesta es peculiar, ya que se esperaría que la presión popular o iniciativas ciudadanas puntuara en lo más alto de esos criterios. Al final, se trata de una entidad con rol de presión desde lo común, y de integración. No se pueden establecer correlaciones automáticas. Pero parte de esa respuesta se explicaría, porque, en el seno de entidades que trabajan desde lo social, se manifiesta una cierta crítica para mejorar la regulación y las leyes (herramientas verticales) como herramientas para facilitar una TD pensada hacia la ciudadanía, lo que marca nuevamente el rol que se demanda de las instituciones y las políticas de gobernanza para recalibrar sus procesos y su relación con las personas y entidades de este campo. Como veremos en la Parte 4, cuanto más nos acercamos al campo de las instituciones, más se incide en una participación ciudadana y activa, pero cuanto más nos movemos en el campo de la sociedad civil, más se incide en mejores leyes y acciones de gobierno. Esta tensión constante será profundizada en dicho apartado.